SEGURIDAD NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES EN EL MEXICO DE FIN DE SIGLO

México se acerca al fin de siglo, y los paradigmas que determinaron sus relaciones exteriores y la seguridad nacional se están transformando notablemente.

La forma cómo el proceso de transición política, que se dirige de un gobierno autoritario civil, cuyo eje fue el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1929, a un sistema político democrático multipartidista, se ha acelerado en los años noventa. El paradigma de la revolución mexicana, que se sostuvo en un nacionalismo y en un modelo autárquico de desarrollo encontró sus límites. Los procesos de globalización y regionalización obligan a México a insertarse en el sistema internacional. El desafío se da para el nacionalismo, que históricamente fue el eje de la cohesión nacional, y para esquemas de política exterior que se basaron durante mucho tiempo en el no alineamiento y un tercermundismo muy acentuado.

Las contradicciones saltan a la vista. Uno de los principales elementos del discurso de la diplomacia mexicana fue un notable antiimperialismo, que se acompañó de la promoción de formas de latinoamericanismo, iberoamericanismo, etcétera. La realidad de la reinsersión de la economía mexicana dirige a sus sectores más dinámicos hacia Estados Unidos Unidos y Canadá. América Latina queda sólo como un remanente del discurso diplomático. El comercio es el que marca la pauta: en 1970 México destinaba el 10 por ciento del total de sus exportaciones hacia América Latina, e importaba el 3 por ciento; en 1995 sólo se exporta hacia América Latina el 5.1 por ciento y se importa el 2.2 por ciento. Por el contrario, con Estados Unidos las exportaciones de México se dirigen en 1995 en 83.4 por ciento, y las importaciones provienen de ese país en un 74.3 por ciento.

Si México responde a sus tendencias económicas, el comercio determina que el discurso latinoamericanista mexicano sea sólo una ficción doctrinaria, sin vínculos con la realidad de la geoeconomía. En ese aspecto la vigencia del Tratado de Libre Comercio, lo deseen o no las élites políticas mexicanas, está transformando la tradicional diplomacia.

Las doctrinas de defensa de México se sostienen en la autarquía. Las fuerzas armadas sólo pueden salir del territorio mediante declaración de guerra, y ésta, según la constitución, sólo se puede dar si el territorio o los intereses mexicanos son atacados. Sólo durante la segunda guerra mundial México participó en el esfuerzo aliado, después de que barcos petroleros fueron atacados por submarinos alemanes. México tiene tres doctrinas de defensa y planes de guerra: DN1 (contra un agresor externo); DN2 (contra un agresor interno); y DN3 (para apoyar a la población en casos de desastres provocados por la naturaleza). Por ello, México no puede contribuir a la seguridad internacional con fuerzas de mantenimiento de paz, ni puede, como lo han hecho frecuentemente muchos países latinoamericanos, respaldar esfuerzos de países cuando hay elementos que alteran y ponen en peligro la seguridad internacional (como la guerra del golfo Pérsico).

En América Latina, México se ha opuesto sistemáticamente a la intervención militar foránea para dirimir conflictos internos. No apoyó a Estados Unidos cuando se dio el alineamiento para aislar a Cuba en los sesenta; criticó la invasión militar en República Dominicana en 1965 (encabezada militarmente por Brasil); impidió que se creara una fuerza militar para evitar que los sandinistas arribaran al poder en 1979; y criticó toda la política de "contención del comunismo" en Centroamérica durante los ochenta. México formuló planteamientos diplomáticos que se basaron en la negociación de los conflictos en Centroamérica, principalmente en El Salvador y Guatemala, como la creación del Grupo de Contadora y el respaldo a la ONU como instancia de mediación. En éste sentido México tuvo una diplomacia y una geopolítica de distensión. La base fueron las doctrinas de política exterior de no alineamiento y autodeterminación.

Sin embargo, el TLC norteamericano presenta desafíos a la diplomacia y la seguridad nacional de México. La integración económica con Estados Unidos y Canadá presentan como tendencia que cuando un país cambia sus coordenadas de sus relaciones con el exterior, también en el nivel de la seguridad tiene que presentarse un proceso de cooperación e integración (modelo europeo y recientemente en el cono sur). Así, en el pensamiento estratégico de Estados Unidos, se menciona que no hay coherencia en materia de seguridad en Norteamérica, por la resistencia del "nacionalismo" mexicano. Para Estados Unidos, la interdependencia, que deriva en mayor integración, debe conducir a esfuerzos multinacionales en materia política y defensa: "En Norteamérica es imposible separar los asuntos domésticos de Canadá, México y los Estados Unidos. Todos los conflictos nacionales lleva a los decisores políticos a negociarlos como problemas regionales, debido a que todos tienen un impacto transfronterizo". (National Defense University Strategic Assesment 1997, Washington, 1997, p. 70).

El problema es que a fin de siglo los conceptos de "seguridad nacional", tanto en Estados Unidos como en México, dejan de ser vigentes, para convertirse, en México, en "bi-nacional" o "norteamericano". O sea, desaparece poco a poco la frontera por las repercusiones transnacionales de los conflictos. Además, se disuelven los viejos enemigos a la seguridad nacional (comunismo) y aparecen el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, los conflictos étnicos, etcétera, como los riesgos emergentes.

México tiene dos agendas de seguridad nacional: la interna y la externa, sin embargo, los nuevos conflictos internos tienen evidentes repercusiones externas e impactan notablemente en la diplomacia. Por ejemplo, la crisis de Chiapas lleva al gobierno de México a considerar la negociación con la guerrilla (EZLN) tanto por cuestión de política interna, como por las presiones internacionales. Incluso nuevos actores de la arena internacional ejercen gran influencia, como los organismos no-gubernamentales.

Incluso la democratización del país se interpreta en Estados Unidos como un asunto de seguridad, por el potencial de ingobernabilidad e "incertidumbre" del cambio político mexicano. De igual manera, la debilidad de las estructuras económicas mexicanas se ven en Washington como un problema de seguridad para Estados Unidos: "El principal, asunto para Estados Unidos en México es la incapacidad del gobierno para reformarse a sí mismo y lograr una estabilidad política y económica" (Strategic Assesment 1997, p. 72). Incluso, se agrega que una vez firmado el Tratado de Libre Comercio, hasta la corrupción se transforma en peligro a la seguridad porque impediría que se expandiera la vigencia de la ley y la legitimidad y credibilidad del gobierno mexicano.

El principal problema de seguridad en los noventa es el del narcotráfico. Durante la segunda guerra, Estados Unidos promovió el cultivo de mariguana y opio en los campos mexicanos. Eras plantas medicinales para evitar el dolor de los soldados. Después, cuando se desmovilizaron los millones de soldados de Estados Unidos, se generó una demanda permanente de esos productos. Hubo un boom económico en el campo mexicano. En los años cincuenta se declararon ilegales los cultivos, pero la demanda en Estados Unidos y la capacidad productiva en México permanecieron. Hasta los setenta no fue problema de seguridad.

A fines de los setenta ingresa a la escena la cocaína, y su gran poder destructivo y corruptor de líderes políticos, comandantes militares, funcionarios de aduanas, etcétera. La generación de campesinos y empresarios vinculados a los carteles, es lo que lo convierte en problema de seguridad. Rápidamente fue un conflicto transnacional, debido a que los empresarios colombianos de la cocaína controlaron los circuitos de comercialización, creando loa grupos criminales más ricos y poderosos del mundo, a la par de las mafias chinas, japonesas e italianas. México fue un trampolín ideal para el comercio y el lavado de dinero.

En los ochenta fue clasificado el narcotráfico dentro del llamado "conflicto de baja intensidad" por los estrategas del Pentágono, y comenzó la presión de Estados Unidos a México para el desmantelamiento de las mafias. La DEA inicia sus actividades, incluso violando sus agentes las leyes mexicanas.

En los noventa, la presión lleva a buscar que las fuerzas armadas sean las que combatan a los carteles. El problema es que se duda de la eficiencia de las fuerzas armadas (pues la guerra hay que hacerla en los sistemas financieros, industriales y comerciales que colaboran en el lavado de las ganancias; en el nivel del consumo -en el propio territorio de Estados Unidos-; corrompe oficiales de gobierno en todos los niveles, siendo el más peligroso el militar; etcétera). Esta guerra se ha convertido en uno de los principales elementos de la seguridad "norteamericana".

Han aparecido conflictos de la postguerra fría (como la guerrilla de Chiapas). El impacto del neoliberalismo y el desmantelamiento del Estado ha generado masas de seres humanos "disfuncionales", que buscan sobrevivir en el subempleo, la economía informal, las actividades criminales y también emigran a Estados Unidos buscando sobrevivir.

También emerge la "seguridad pública" como problema de viabilidad de convivencia ciudadana y seguridad nacional, y se ha involucrado al ejército sin éxito para combatir el delito. Se observa una gran incapacidad del gobierno mexicano para combatir el poder del crimen organizado e impedir la corrupción que se genera por la asociación entre funcionarios y delincuentes.

La privatización de la economía y la apertura de fronteras favorecen el crecimiento de los problemas de seguridad nacional. No se observa un éxito en la reconversión industrial y el flujo de inversión para que México participe con éxito de la globalización -nuestra ventaja comparativa sigue siendo el salario bajo, o sea, la pobreza del 70 por ciento de la población es la ventaja comparativa de México en el mundo integrado-. Esto genera masas de mexicanos disfuncionales que sólo pueden sobrevivir en el mercado informal realizando actividades ilegales y superando su condición de inadaptación a la nueva economía mediante su participación en el narcotráfico, o realizando actividades criminales.

La crisis de Chiapas es otra muestra de la disfuncionalidad del cambio estratégico mexicano. Para sectores completos de mexicanos, los indígenas, su insersión a la nueva economía es prácticamente imposible, y al quedar desmantelado el "estado populista" desaparecen los vínculos políticos de sumisión. Esta exclusión estructural fue uno de los factores que provoca que busquen su sobrevivencia a través de la rebeldía armada.

En síntesis, la transición a la economía de mercado y el sistema político que la respalda, la democracia, encuentra gran cantidad de relaciones inconexas y excluyentes que generan ingobernabilidad, emergencia de grupos criminales, narcotráfico. El reto es como el Estado se reacomoda -y reforma- para hacer frente a todos estos nuevos desafíos.

Para concluir, es claro que se ha producido una tensión entre las bases tradicionales de la política exterior, la defensa y la seguridad nacional de México, con las condiciones cambiantes de apertura de fronteras e integración económica (y política) de Norteamérica, y con los cambios internos que se producen por éste cambio estructural. Por ello, crecen las vulnerabilidades nacionales a pesar del Tratado de Libre Comercio, la economía de mercado y la democracia.

Dado que la historia no puede dar marcha atrás y el viejo modelo nacionalista, autoritario y semiautárquico llegó a su fin, la gran pregunta es cómo hacer que en las nuevas condiciones se revitalice la nación, se reforme el Estado y las estructuras sociales se adapten exitosamente al fin de siglo.