Las
elecciones son uno de los rasgos más sobresalientes de
las democracias pluralistas modernas no sólo porque constituyen
el mecanismo idóneo a través del cual se expresa la voluntad
ciudadana, sino también porque permiten el procesamiento
pacífico y civilizado de las controversias políticas y
la formación de mayorías y minorías político-electorales.
Sin embargo, el proceso electoral por sí mismo no garantiza
la vigencia de un auténtico régimen democrático. En efecto,
regímenes autoritarios bien pueden convivir, y han convivido,
con mecanismos electorales. En consecuencia, para que
las elecciones sean un expediente que contribuya al fortalecimiento
de la democracia deben asegurar la efectiva competencia
entre distintas ofertas políticas, lo cual sólo es posible,
entre otras cosas, mediante el establecimiento de procedimientos,
instituciones y autoridades que aseguren plena imparcialidad
y equidad entre los contendientes.
En México, el régimen emanado de la revolución de 1910
se distinguió por permitir, e incluso alentar, la existencia
y participación legal de otras opciones partidistas aparte
de la gubernamental, y por celebrar periódicamente elecciones
para renovar los poderes públicos. Sin embargo, las elecciones
estuvieron lejos de ser democráticas. La inequidad en
las condiciones de competencia y la parcialidad con que
se manejaron durante décadas las instancias electorales,
impidieron, la mayor de las veces, la efectiva competitividad
electoral entre los partidos y la conformación de mecanismos
que aseguraran respeto al mandato ciudadano expresado
en las urnas.
El sistema electoral mexicano se caracterizó por privilegiar
la hegemonía de un solo partido político, el oficial,
en detrimento de la credibilidad en los propios procesos
electorales. Esta hegemonía se mantendría gracias a diversos
mecanismos no democráticos. La vinculación orgánica entre
el partido oficial y el Estado, que le permitió a aquél
el acceso a enormes recursos económicos, materiales y
humanos, y la existencia de autoridades e instancias electorales
comprometidas con los poderes públicos, impidieron la
celebración de elecciones competitivas e imparciales.
Esta anomalía pudo ser mantenida durante varias décadas.
El amplio respaldo social con que contaron algunos de
los gobiernos postrevolucionarios, así como la debilidad
de los partidos de oposición, posibilitaron, entre otras
cosas, la instauración de reglas del juego que favorecieron
el predominio de un solo partido político. Sin embargo,
esta hegemonía no tardaría en entrar en crisis. En efecto,
el proceso de modernización económica, que introdujo cambios
importantes en la estructura social, así como el paulatino
desdibujamiento de un Estado eficaz y próspero, propiciaron
la aparición de una amplia pluralidad social, política
y cultural que ya no podía ser reducida a los estrechos
márgenes de participación que el gobierno proponía y alentaba.
Como respuesta a la creciente irritación social que comenzaba
a radicalizarse, sobre todo a raíz de los penosos sucesos
ocurridos durante 1968, y a la amenaza de que la oposición
prácticamente desapareciera, el régimen optó por una apertura
gradual y controlada para abrir canales institucionales
de expresión a la inconformidad. Esta estrategia permitió
al gobierno mantener el control del cambio político sin
poner en riesgo la hegemonía del partido oficial. Por
ello, más que garantizar una efectiva democratización
de los comicios, el reformismo electoral iniciado en 1977
buscó enfrentar las recurrentes crisis coyunturales. Así,
el régimen concedió gradualmente ciertos espacios a la
oposición, pero sin modificar su esencia autoritaria y
hegemónica.
Sin embargo, esta estrategia liberalizadora pronto evidenciaría
sus propias limitaciones. El formidable reto que planteó
el controvertido proceso electoral de 1988, el cual no
sólo amenazó la continuidad del régimen sino también la
estabilidad política y la paz social, orilló al gobierno
entrante a plantear un nuevo marco normativo para celebrar
los comicios en nuestro país. La crisis postelectoral
de ese año, además de reflejar los límites de la estrategia
aperturista, enfatizó la urgencia por modificar la integración
de los órganos electorales. En efecto, a partir de ese
año la demanda democratizadora esgrimida por la oposición
y por amplios grupos de la sociedad se centró en la necesidad
inaplazable de conformar organismos y autoridades electorales
plenamente imparciales.
A pesar de la realización de las reformas electorales
de 1990 y 1993, que modificaron en grados nunca antes
vistos la composición de los órganos electorales, no se
logró afirmar plenamente la credibilidad en la instancia
electoral. Esta incredulidad quedó plasmada en la serie
de interinatos y protestas postelectorales que se desplegaron
durante buena parte del sexenio de Carlos Salinas.
Con todo, el entonces presidente había logrado una notable
recuperación del voto priísta y una gran aceptación social
hacia su gestión, con lo cual la crítica opositara, en
esta ocasión, no alcanzó la resonancia que había tenido
en 1988. Sin embargo, los difíciles acontecimientos que
acompañaron al término del sexenio (aparición de un grupo
armado en Chiapas, secuestros a prominentes empresarios
y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priísta
a la presidencia de la República) obligaron al gobierno
a pactar en 1994 una nueva reforma electoral.
A diferencia de las reformas anteriores que habían sido
aprobadas únicamente por el PRI y el PAN, la reforma electoral
de 1994 contó con el aval de las tres fuerzas políticas
más importantes del país. La clave de su evidente éxito
fue que introdujo un nuevo diseño en la integración de
los órganos electorales que, por mucho, contribuyó a fortalecer
la imparcialidad y transparencia de los mismos: la ciudadanización.
Con esta reforma se inauguró un momento nuevo en la integración
de la máxima instancia electoral. Por vez primera ciudadanos
no identificados con algún partido político se erigieron
como el componente decisivo al interior del Consejo General
del IFE al contar con seis de los 11 votos totales de
este cuerpo colegiado. Este dato no resulta menor si recordamos
que durante décadas las instancias encargadas de la vigilancia
y la organización electoral se encontraban dominadas por
el gobierno y el partido oficial.
Vista en perspectiva histórica, la ciudadanización de
los órganos electorales en nuestro país representa un
momento clave para comprender el rumbo de nuestra transición
política, ya que ésta marcó una ruta para consolidar el
expediente electoral como fórmula democrática de expresión,
participación y representación ciudadanas. Baste recordar
que el proceso electoral del 21 de agosto de 1994 no sólo
se distinguió por su elevada competitividad y participación,
sino, sobre todo, por introducir elementos novedosos para
garantizar una elección más limpia, creíble y equitativa.
En efecto, el proceso electoral de 1994 dejó un importante
legado para el entramado institucional del país: acentuó
la confianza, de partidos y ciudadanos, en el expediente
electoral como mecanismo democrático para dirimir pacíficamente
las diferencias; acercó a los partidos políticos que desde
entonces privilegiaron el diálogo y la negociación como
la fórmula idónea para la construcción de acuerdos; modificó
sustancialmente la geografía electoral del país, la cual
reveló la presencia y arraigo de tres partidos políticos
con alcance nacional; y elevó la competitividad de los
comicios mediante el fortalecimiento de las campañas electorales.
Con dicho precedente, entre diciembre de 1994 y agosto
de 1996 se discutieron y negociaron los puntos básicos
para una nueva reforma electoral. Entre los aspectos fundamentales
de este nuevo ordenamiento electoral conviene destacar
los siguientes:
1. El retiro definitivo del
poder Ejecutivo de la máxima instancia electoral, de tal
forma que el secretario de Gobernación deja de participar
al interior del Consejo General del IFE. Bajo esta nueva
normatividad, el Consejo General queda integrado de la
siguiente manera: un consejero presidente y ocho consejeros
electorales, con derecho a voz y voto, mismos que son
designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados
a propuesta de los grupos parlamentarios.
2. Se crea la figura de secretario
ejecutivo en sustitución del director y del secretario
generales.
3. Se establece la posibilidad
de que los consejeros electorales conformen comisiones
para supervisar el trabajo de las direcciones ejecutivas
del instituto. Con dicha medida se intentó atenuar la
distancia entre las áreas ejecutivas y legislativa, brecha
que había motivado fuertes críticas por parte de los consejeros
ciudadanos en 1994.
4. Se establece el derecho
constitucional de que gozan los ciudadanos para afiliarse
libre e individualmente a cualquier partido político.
En cuanto a los partidos políticos, el nuevo ordenamiento
establece la desaparición del registro condicionado y
la disminución del número de afiliados para alcanzar el
registro definitivo. Asimismo, se eleva de 1.5 a 2 por
ciento el umbral mínimo necesario para que un partido
pueda conservar su registro y prerrogativas. Por lo que
corresponde al financiamiento, se establece el principio
de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de
origen privado y se determina que un 30 por ciento de
los primeros se distribuya de manera igualitaria, mientras
que el 70 por ciento restante se otorgue de acuerdo a
la votación obtenida en la elección inmediata anterior.
Otra de las novedades de la reforma electoral de 1996
fue la desaparición del Colegio Electoral para la calificación
de la elección presidencial. En este tenor, el Tribunal
Federal Electoral se integra al poder Judicial y se constituye
como la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral.
En lo que se refiere al sistema de representación, se
mantiene la estructura de 300 diputados de mayoría relativa
y 200 de representación proporcional, pero se eleva el
umbral mínimo para que los partidos tengan derecho a la
asignación de estos últimos: de 1.5 a 2 por ciento.
Como podemos observar, la reforma electoral de 1996 representó
una vuelta de tuerca al proceso iniciado en 1994. En efecto,
la profundización de la ciudadanización ha significado
el paulatino establecimiento de una normatividad electoral
en donde cada vez tienen menos cabida la duda y la sospecha.
Por lo anterior, hoy más que nunca me parece pertinente
hacer un balance justo y equilibrado de las implicaciones
que han tenido las reformas electorales recientes, más
aún si las pensamos a la luz de las carencias y limitaciones
del pasado. En este marco, adquieren su verdadera relevancia
las controversias en las que se han visto envueltos recientemente
los ahora consejeros electorales. En efecto, en los últimos
días hemos sido testigos de una ola de "críticas" hacia
el IFE ciudadanizado que buscan desprestigiar y confrontar
a sus miembros. Todo comenzó cuando el diputado Enrique
Ibarra, representante del PRI ante el IFE, abandonó el
Consejo General de dicho instituto, pretextando la parcialidad
e ilegalidad en la que actuaban sus integrantes. Posteriormente,
el 16 de marzo el mismo personaje regresó a las sesiones
del consejo a declarar la guerra contra cuatro consejeros
electorales: Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio
y Emilio Zebadúa. En particular, el representante tricolor
presentó una demanda por responsabilidad administrativa
respaldada por los representantes del PT y PVEM en contra
de los mencionados consejeros, la cual hasta el momento
no ha tenido ninguna respuesta de las instancias correspondientes.
Esta guerra sucia contra el Consejo General del IFE corre
el riesgo de erosionar irreversiblemente la confianza
y credibilidad que esta instancia se ha ganado a pulso
entre partidos y ciudadanos. Por ello, me parece fundamental
reestablecer las coordenadas de la discusión: no se trata
de defender a priori una institución que, para bien o
para mal, ha demostrado su eficacia, sino reconocer que
a nadie conviene desandar el camino que muchos ciudadanos
venimos construyendo: el del cambio pacífico y civilizado
a través de la vía electoral.
