La
aparición del EZLN en enero de 1994 ha generado abundante
material escrito en el que sobresalen diversos estudios,
documentos y reportajes, en los cuales se relaciona la
situación social y política de la región de Los Altos
con el pronunciamiento armado. Entre el caudal informativo,
con obras de muy variada calidad, pueden observarse dos
posturas extremas. Por una parte, algunos autores ubican
el origen del conflicto en una maquinación preparada por
la diócesis de San Cristóbal en complicidad con los grupos
de izquierda que arribaron a la zona en la década de los
ochenta. Por la otra, militantes y simpatizantes del EZLN
y del obispo Samuel Ruiz se apoyan en las investigaciones
de prestigiados estudiosos sociales para sostener que
el conflicto debe entenderse a partir de la situación
histórica, de los conflictos, las luchas, las organizaciones
y la participación de los distintos grupos sociales que
convergieron en la insurrección zapatista.
En el fondo, los puntos de vista no parecen muy variados.
En algunos casos, se cuestiona el origen, la "representatividad"
y hasta la validez de los argumentos de los pronunciados;
en otros, se descalifica la actitud "intolerante y represiva"
del gobierno, a quien se recuerda una larga lista de acusaciones
y de reivindicaciones. En ambos casos, se trata de la
adopción de perspectivas diferentes sobre los mismos hechos.
Por eso, diversos libros que se anuncian con tirajes espectaculares
(por ejemplo, La rebelión de las Cañadas de Carlos Tello
Díaz) destacan, como fundamental, el trabajo de organización
de los grupos de izquierda y la decisiva participación
del obispo Samuel Ruiz. En el otro extremo, los simpatizantes
del EZLN invocan diversas perspectivas históricas, sociales
y políticas, para explicar que el movimiento zapatista
es la expresión última de una supuesta "cultura de la
resistencia" que, a lo largo de cinco siglos, superando
las diferencias étnicas y la represión gubernamental,
ha unificado a las diferentes comunidades indígenas hoy
rebeldes.
Así, los simpatizantes del EZLN han rastreado la formación
de esta cultura política de resistencia indígena que en
la época colonial se había manifestado en frecuentes sublevaciones
y que, en este siglo, tuvo su culminación en el Congreso
Indígena organizado por la diócesis de San Cristóbal en
1974. Los antecedentes han sido documentados por Antonio
García León (Resistencia y Utopía) y Thomas Benjamin (El
camino a Leviatán y Chiapas, tierra rica, pueblo pobre),
quienes estudiaron el surgimiento de los movimientos sociales
como respuesta a la formación regional de los grupos de
poder. De este modo, en el contexto de la génesis y la
consolidación de las élites chiapanecas, con relaciones
clientelares entre los poderes regional y central, proyectos
económicos antagónicos, miseria generalizada, etcétera,
se fueron conformando los elementos para entender cómo
en Chiapas se extremaron las condiciones de violencia
contra cualquier vía pacífica y legal para el reclamo
de justicia y de condiciones de vida dignas. Aquí conviene
preguntar: si las comunidades de la cañada se apropiaron
del discurso religioso y político a partir de una experiencia
colectiva basada en la lucha por la supervivencia, ¿qué
permitió la articulación de dos visiones del mundo diferentes
como la religiosa y la política? ¿Cómo se ligaron la teología
de la liberación con la ideología marxista?
Los protagonistas
A pesar de las perspectivas divergentes, la mayoría de
los autores le otorgan los papeles centrales al subcomandante
Marcos y a Samuel Ruiz. En Marcos, la genial impostura,
Bertrand de la Grange y Maite Rico encuentran que el encumbramiento
del líder zapatista siguió el patrón truculento de las
prácticas políticas mexicanas, en particular por una "vergonzosa"
relación con la prensa.
Por su parte, Samuel Ruiz es el personaje más difícil
de caracterizar. Ha sido comparado (por Enrique Krauze)
con su lejano antecesor en la diócesis, Bartolomé de las
Casas. En realidad, sus semejanzas también pueden equipararse
a sus diferencias. Samuel Ruiz es, más bien, un sacerdote
militante. Su tradición se arraiga en la de otros antecesores
distinguidos de nuestra historia independiente, que empieza
con el mismísimo Miguel Hidalgo, el "padre de la patria",
por no mencionar a otros clérigos que pueblan nuestro
siglo XIX.
Huelga decir que se trata de una tradición mexicana y
latinoamericana. La actividad desplegada por el obispo
de San Cristóbal, como la describe Enrique Krauze en el
primer número de Letras Libres, recuerda muchos pasajes
de Los pasos de López de Jorge Ibargüengoitia (cuyo personaje
central es Hidalgo). Las Casas era un teórico escolástico
y pretendía demostrar, de manera coherente dentro de la
doctrina católica, la universalidad de la razón; por ello,
era partidario del respeto por las formas de gobierno
tradicionales, de evangelizar a partir de la razón y de
la promulgación de leyes proteccionistas. Con esos antecedentes
en la defensa de los indígenas, no es extraño que el más
interesado en que se asocie a su persona con Las Casas
sea el propio Samuel Ruiz. Después de todo, Las Casas
ha sido sustraído de su época como un símbolo revolucionario
en México, al menos desde que fray Servando Teresa de
Mier, otro clérigo "conspirador" y fascinado con la ilustración
europea, le otorgó esa condición para justificar el derecho
a la independencia. El enemigo de Las Casas, una tendencia
nacionalista que en el siglo XVI justificaba la apropiación
y el despojo, no tiene hoy la importancia que tuvo en
su tiempo.
Por el contrario, la llamada "globalización" implica en
nuestros días nuevos problemas y requiere soluciones acordes.
Desafortunadamente, el terreno parece poco propicio para
las soluciones razonables. El otro protagonista del conflicto,
el gobierno, ve con alarma la promoción internacional
del zapatismo, alienta la formación de grupos antagónicos
y aplica una política xenófoba. La militarización, justificada
en la seguridad de las poblaciones, no pudo evitar una
matanza (no muy lejos de un destacamento), ni que continuaran
otras formas de violencia, otras derivaciones de la guerra
iniciada en enero de 1994. Frente a la actitud gubernamental,
una de las estrategias del zapatismo para prolongar la
guerra ha sido su relación con la prensa (elogiada o condenada,
según el caso). De una guerra armada se pasa a una guerra
publicitaria (con comunicados, desplegados y conferencias
de prensa) y a una paz caracterizada por brotes aislados
de violencia en los que todos esconden la mano. Una guerra
de papel en la que, como en todas las guerras, se ha reducido
el campo de batalla a dos posturas extremas.
Con una mentalidad de guerra, para los simpatizantes del
zapatismo, referir lo absurdo o lo poco atinado de alguna
decisión o comentario de Marcos se interpreta como una
traición, porque tiende a darle armas al enemigo (que
son los que no están con nosotros). En la zona de guerra,
así sea publicitaria, nada más natural que negar el acceso
a los medios identificados con el enemigo. En cambio,
se fomenta una imagen idealizada de los dirigentes y de
la lucha del EZLN. Y éste, fascinado por la recepción
entusiasta, no muestra ningún interés por negociar directamente
con quien puede ayudar a soluciones concretas (aunque
no puedan ser tan ambiciosas), con el gobierno, sino con
quien puede dar un reflejo complaciente de la postura
zapatista: una supuesta "sociedad civil", a la que dirige
mensajes, quejas y exageraciones. Por eso, como lo ha
señalado Luis González de Alba, las preguntas de la próxima
Consulta Nacional sobre los Acuerdos de San Andrés tienen
mucho de obvio y predecible (con preguntas como: "¿deben
participar los indígenas en el desarrollo de México?").
Se reducen, en el fondo, a enarbolar la vieja bandera
indigenista, una nueva versión del viejo mito del "buen
salvaje" que quería ver en las prácticas de los indígenas
las virtudes de que carecían los corrompidos europeos.
Las incongruencias de la guerra
En la guerrilla zapatista pueden verse diversas incongruencias,
que no parecen tales para sus partidarios y simpatizantes.
En principio, el EZLN declaró la guerra al gobierno y,
a los pocos meses, pasó a encabezar los reclamos de una
población indígena interesada en reivindicar sus derechos,
como quedó de manifiesto en los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar. De este modo, la reforma en materia indígena
pasó a formar la bandera casi única del EZLN y el obstáculo
principal para una salida negociada. Sin embargo, si el
interés era la defensa y el bienestar de los indígenas,
algo sospechoso debería verse en el hecho de que fueran
indígenas quienes protagonizaron los hechos tristemente
célebres en Acteal, que fueron a su vez la culminación
de una constante serie de agresiones. El panorama en Los
Altos, como ha visto con agudeza Juan Pedro Viqueira,
se ha hecho más complicado y su solución no puede limitarse
a algo que potencialmente puede provocar mayores conflictos,
como lo es conciliar los derechos civiles con los "usos
y costumbres" indígenas.
Es obvio que el respeto por las diferencias debe darse
en el contexto de un irrestricto respeto por los derechos
humanos universales, pero resulta increíble que no se
argumente cómo el respeto de los "usos y costumbres" puede
solucionar las diferencias sociales y demográficas que
están en la raíz de los problemas actuales. ¿Quién va
a definir, en principio, cuáles son los verdaderos "usos
y costumbres"? ¿No es por ejemplo un excelente argumento
para justificar las expulsiones masivas? También es indiscutible
que es un recurso inmejorable para garantizar la supervivencia
de las élites locales y preservar su poder. Además, es
indiscutible que los gobiernos de la revolución fomentaron
una política criminal apoyados en las complicidades locales.
Juan Pedro Viqueira opina que no es posible determinar
hasta qué punto las prácticas comunitarias no son sino
una invención conformada en todos los años de dominación
colonial y, en especial, en complicidades fomentadas en
este siglo.
De ahí la justificación de que la explosión demográfica,
la carencia de tierras de cultivo y la miseria crearon
un caldo de cultivo propicio para los proyectos redencionistas
del obispo Ruiz a través de los catequistas y los grupos
de izquierda. Pero la situación actual es distinta. Según
el número 12 de la revista Cuicuilco, muchas congregaciones
religiosas se conforman como grupos cerrados que ejercen
un estricto control sobre algunos medios, tierras y actividades
(como en las cooperativas) y generalmente están controlados
por el PRI (pero también por el Partido Cardenista y el
PRD). La pluralidad y los antagonismos locales pueden
convertir la propuesta de respeto por los usos y costumbres
en un arma para mantener los vicios del pasado en un ambiente
de violencia. Principalmente, convertir el respeto de
las "tradiciones" como bandera política implica el inconveniente
de que nada tiene que ver son la solución de los actuales
problemas.
La problemática de Los Altos no puede reducirse a conceder
una legislación aparte para las comunidades indígenas,
basada en el respeto de los "usos y costumbres". Y es
increíble que esta propuesta haya sido aceptada, de una
manera u otra, por todos los involucrados. En el siglo
XIX, en la guerra de castas en Yucatán y en las repetidas
sublevaciones de los pueblos de la Sierra de Alica, que
comandaba Manuel Lozada, tenían demandas concretas y limitadas:
por un lado, Jacinto Pat, líder maya rebelde, reclamaba
en 1848 la abolición de las contribuciones personales
de los indios y el respeto por su propiedad ejidal; por
el otro, Manuel Lozada exigía en 1861 que los tribunales
resolvieran los reclamos específicos de tierras "lo más
presto posible". Las demandas concretas para ciertas comunidades,
una constante en las rebeliones indígenas del pasado,
han sido sustituidas por el reclamo de una legislación
indígena para todo el país y que se proclama acorde con
otras demandas generales como "justicia, libertad, democracia,
dignidad".
Otro principio fundamental
Sin embargo, las divergencias entre los protagonistas
tampoco son muy profundas. Si los diferentes partidos
políticos y el gobierno tienen coincidencias en varios
puntos importantes de los acuerdos de San Andrés (especialmente
en el reconocimiento de que las comunidades indígenas
requieren una legislación aparte), ¿qué es lo que imposibilita
una salida negociada? Se ha dicho que uno de los objetivos
del EZLN es ganar tiempo en vista a las elecciones del
2000, pero ¿ganar tiempo para qué? Para un nuevo gobierno
y una nueva negociación, ¿qué se obtendría en concreto?,
¿el tiempo ayudaría a solucionar un problema que se ha
hecho cada vez más complejo?
En la actualidad, se reconoce que el EZLN cometió errores
inexplicables; o más bien comprensibles en el contexto
de no despojar de sustento político a su lucha. Por ejemplo,
al boicotear las elecciones y ceder el poder en sus propios
territorios a los priístas garantizaba la agudización
de un conflicto alentado por el gobierno bajo el pretexto
de proteger a la "legalidad". Pero los errores se pagan
caros y la situación política y social en Los Altos se
ha hecho más complicada al involucrar a diferentes grupos,
creencias e intereses. Por eso, no es extraño que muchos
indígenas, decepcionados o cansados, abandonen las filas
del zapatismo, ni que, ante esta actitud, el EZLN argumente
que el gobierno quiere minar sus bases (¿qué otra cosa
esperaba en una guerra prolongada por otros medios?).
La diversidad es, en buena medida, un reflejo de la situación
actual del propio país. ¿Cómo puede solucionarse semejante
problemática con el respeto de los "usos y costumbres"?
En más de un sentido se ha llegado a un callejón sin salida.
Y la solución propuesta equivale, entre otros ejemplos,
a lo que vulgarmente se conoce como "echarle más leña
al fuego".
Con todo, convendría destacar otra coincidencia importante.
La lucha de toda la vida de Bartolomé de las Casas fue
demostrar que el indio tenía "razón" y entendimiento para
aceptar la religión y para autogobernarse a través de
instituciones civiles y religiosas. En nuestros días,
salvo opiniones sin relevancia, nadie pone en duda que
los indios tienen las mismas capacidades y los mismos
límites que el resto de los seres humanos. Si bien nuestro
contexto es muy diferente al que vivió el dominico, es
necesario conceder que los indígenas son capaces de asumir
su participación en los cambios que actualmente vive el
país y por luchar por algo que no tiene nada de romántico,
pues empieza con su propia supervivencia. Los indios,
como apunta Juan Pedro Viqueira, "son capaces de comprender
situaciones inéditas, de juzgarlas, de actuar con base
en razones y no sólo por instinto o por tradición, de
debatir sobre los valores morales propios y ajenos, y
de distanciarse y criticar las prácticas de su sociedad.
Su cultura no es una cárcel que determinaría todas sus
ideas y todos sus comportamientos". El EZLN debería comprender
que en el proceso de apertura y reconocimiento mutuo,
ubicar y plantear el origen de los problemas concretos
sería una buena manera de comenzar a buscar en serio soluciones
de mayor alcance. No con un antagonismo ocupado en discutir
los términos en la redacción de unos acuerdos que, parecieran
no darse cuenta, apuntan a mantener el mismo estado de
cosas contra el que dicen rebelarse.
* Estudiante del Doctorado en Historia
de El Colegio de México.
