En
los últimos dos años se ha hablado de forma insistente
de la paulatina militarización del país. Esta percepción
parte de varias situaciones más o menos recientes. Primero,
la masiva presencia militar permanente en Chiapas de mediados
de 1994 en adelante después de la rebelión zapatista y
la situación de paz armada prevaleciente, donde se calcula
que están acuartelados cerca de 40 mil efectivos militares
dedicados a acciones de patrullaje, instalación de retenes
móviles, otorgamiento de labor social, recopilación de
información, entre otras. Segunda, la campaña castrense
antinarcóticos que cambia de estados y zonas geográficas
según la estación de año y las nuevas zonas de cultivo
y tránsito de drogas detectadas, campaña que implica un
despliegue que recién informó la cancillería mexicana
abarca a 20 mil soldados.
Una tercera situación son las movilizaciones de tropas
debido a la aparición del Ejército Popular Revolucionario
a mediados de 1996, movilizaciones que comprenden la entidades
de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Puebla,
presencia militar provisional pero masiva estimada en
contingentes de 10 mil soldados, lo cual combina soldados
de la zona militar respectiva con fuerzas especiales de
contraguerrilla. Por último, la presencia militar se detecta
también en un aspecto selectivo y cualitativo mediante
la asignación de altos y medianos mandos en más de 20
corporaciones policíacas estatales, el Instituto Nacional
de Combate a las Drogas, la policía judicial federal y
en algunas penitenciarías y aeropuertos, como respuesta
a la corrupción e ineficiencia de dichas corporaciones
y al escandaloso aumento de la delincuencia profesional
y ocasional a nivel nacional así como del narcotráfico
internacional.
Existen posiciones a favor de la participación militar
en las corporaciones de seguridad pública . Se argumenta
que se ha contribuido a la disminución de los delitos
y de la presencia de delincuentes, aumentando así la seguridad
pública y además se plantea que algunos sectores sociales
solicitaron dicha presencia.
Asimismo, se afirma que la participación de uniformados
en mandos policíacos altos e intermedios disminuye considerablemente
la corrupción e ineficiencia de las policías, que el entrenamiento
militar a la policía capitalina elevará su capacidad técnica
y operativa y la imbuirá de actitudes y valores positivos
como la honestidad, la disciplina, el espíritu de servicio
y que la sustitución de más de dos mil policías capitalinos
es provisional al igual que todo el proceso descrito.
Incluso, se arguye que los mandos castrenses acuden a
los puestos sin su tropa y armamento, la cual queda en
los cuarteles y además que el titular de todos es una
autoridad civil, el presidente de la República, el regente
capitalino, los gobernadores de los estados según cada
caso.
Las posiciones contrarias a la creciente participación
militar plantean que los militares no están educados ni
capacitados para el trato con el público, pues la mentalidad
castrense está conformada, entre otros aspectos, para
actuar en un caso concreto bajo la visión de amigo o enemigo,
órdenes y no contraórdenes, lo cual ha provocado violaciones
a los derechos humanos en las campañas contraguerrilleras
y antinarcóticos, sobre todo en las áreas rurales.
Se agrega, por un lado, que el recurso a los uniformados
es anticonstitucional y, por otro, que se les expone a
medios supercorruptores como los del multimillonario narcotráfico
y el del atractivo crimen organizado. En fin, en pocas
palabras, los militares están desempeñando funciones que
no les corresponden legalmente y no convienen ni a la
sociedad ni al propio instituto armado.
Ahora bien, de momento hablar de militarización de la
economía y la política en México como proceso global consolidado
es muy prematuro. Sin embargo, cabe destacar que sí ha
habido aumentos sustanciales en el presupuesto militar,
en el número de efectivos incorporados y en las compras
externas de armamento durante el último lustro. También
existe la tendencia política a privilegiar soluciones
de fuerza sobre la negociación a nivel macro o regional
como en Chiapas y otros estados como Guerrero y Oaxaca
y a nivel micro con el trato a diversos movimientos socio-políticos
urbanos y rurales.
Por otro lado, el carácter legal o ilegal del uso de los
uniformados depende del tipo de interpretación que se
haga del articulado constitucional respecto a las atribuciones
presidenciales y de las funciones de las Fuerzas Armadas
y de las propias leyes orgánicas de las mismas. Igualmente,
el carácter legítimo o ilegítimo de dicho uso para las
diversas clases y sectores sociales de la nación dependerá
de los resultados concretos y de los intereses económico-político
defendidos por las acciones militares.
Por ejemplo, la expansiva criminalidad profesional y ocasional,
la profunda corrupción y prepotencia policíacas y el corrosivo
círculo narcotráfico-drogadicción son situaciones que
preocupan y atentan cotidianamente contra el ciudadano
en su seguridad física o familiar y en sus propiedades.
El argumento de que estos fenómenos son problemas de seguridad
nacional, aparece claro e incuestionable, pero no tanto
cuando se pretenden solucionar solo con métodos de poder
discrecionales o incluso arbitrarios al margen de cualquier
contraloría social y sin tocar las raíces de donde se
nutren los fenómenos mencionados.
Con otras palabras, el uso discrecional del poder presidencial
de las Fuerzas Armadas sin instancias de supervisión,
por ejemplo, del poder Legislativo u otras instancias
legales y legítimas, se presta a no saber hasta donde
la participación militar obedece a criterios de seguridad
nacional o de mera seguridad gubernamental. Se requiere
supervisar el funcionamiento de los cuerpos policíacos,
el entrenamiento de policías por militares, renovar a
fondo las instancias de procuración y administración de
justicia del poder Judicial de donde son liberados con
relativa facilidad importantes e influyentes narcotraficantes
y delincuentes y son condenados otros de menor jerarquía.
Asimismo, resulta imprescindible atacar las causas o raíces
económico-sociales de la inseguridad pública nacional,
no solo con llamados a aumentar la fortaleza moral (exaltación
de los valores patrios, religiosos, familiares) sino también
con el reforzamiento de la fuerza material como es el
empleo masivo remunerador y permanente y no de minisalarios
y provisional-electoral, la medicina social curativa-hospitalaria
y no solo preventiva de vacunas, aspirinas y urgencias,
la vivienda familiar digna y accesible y no reducida y
cara, la educación profesional y técnica de calidad y
no solo de cantidad. Si la tendencial militarización de
la vida política de México y en especial de los cuerpos
policíacos no parte de articular la fuerza moral y material
de la nación, con o sin militarización o con policías
militarizados, la guerra contra la inseguridad pública
y por la estabilidad política estará perdida, aunque se
ganen algunas batallas de la misma.
Deja mucho que desear la reunión realizada a principios
de año sobre Seguridad Pública Nacional donde participaron
todos los gobernadores, los titulares de Defensa, Marina
y Gobernación, entre otros secretarios, y el propio presidente
de la República. Las acciones tácticas para fortalecer
la seguridad pública estuvieron dirigidas a tres rubros.
Mayores asignaciones monetarias multimillonarias (2,400
millones de pesos) para elevar la profesionalización policíaca
y judicial así como su equipamiento y la seguridad en
carreteras.
Actualización jurídica para la definición de nuevos delitos
y leyes correspondientes así como los criterios de selección
del personal judicial. Mayor coordinación de los cuerpos
policiacos estatales para enfrentar el hampa en estados
circunvecinos a la ciudad capital y al conjunto de la
federación.
Si bien resulta básico, el otorgar más dinero, lograr
una mejor coordinación y delimitar una nueva tipificación
jurídica no es suficiente apostarle a medidas técnicas,
monetarias y legales como únicos conductores prácticos
de la estrategia nacional de seguridad pública. Si no
se remueven las raíces materiales mencionadas y no se
convoca a la participación ciudadana, la estrategia tendrá
resultados magros, provisionales y hasta contraproducentes
para los propios militares quienes descuidarán otras labores
y deteriorarán su imagen pública.
La militarización mediante el uso y abuso de las fuerzas
armadas (institución básica del Estado mexicano) puede
llevar al desgaste de la seguridad del Estado, lo cual
considerando la desgastada seguridad moral y material
de la nación, difícilmente llevaría a una solución a fondo
de los problemas planteados sino a un agravamiento de
los mismos, generándose así mayores espacios de ingobernabilidad.
Considerando la magnitud del problema, el solo concurso
de las secretarías de Estado y el poder presidencial no
son suficientes, se requiere de la renovación del poder
Judicial y de la participación del poder Legislativo así
como de la sociedad civil en sus múltiples organizaciones
y manifestaciones (laicas, religiosas, educativas, empresariales),
de otra manera, la tendencia a la militarización, ciertamente,
se acelerará y no para bien de la nación y del Estado.
