EL PODER LEGISLATIVO Y LA TRANSICION DEMOCRATICA

Del 1º de septiembre al 20 de octubre del presente año hemos sido testigos de la emergencia de una institución que durante más de seis décadas de gobiernos postrevolucionarios había protagonizado el papel de comparsa del poder Ejecutivo en la tragicomedia de la política mexicana. Fueron suficientes 50 días, menos de dos meses, para que el poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, despertara de su largo letargo y renaciera como una institución vigorosa que se ha convertido en el centro de la atención y el debate político nacional.

El renacimiento del Poder Legislativo va de la mano de la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados y de la conformación de un Bloque Opositor creado ex profeso para integrar, sin el predominio del partido oficial, los órganos de gobierno de la Cámara Baja. Así pues, luego de las elecciones del 6 de julio, la Cámara de Diputados tiene por primera ocasión en la historia del régimen postrevolucionario la oportunidad de hacer realidad el principio de separación de poderes y con ello dar un impulso invaluable a la transición democrática que atraviesa nuestro país. De la profundidad de sus acuerdos, publicidad de sus actos y credibilidad de sus actores dependerá en buena medida los alcances o limitaciones que esta institución tenga en el cambio político que vivimos en México. A problematizar estos tópicos dedicaremos las siguientes líneas.

Las elecciones intermedias del 6 de julio determinaron el punto de ruptura entre la antigua y la nueva Cámara de Diputados. Por vez primera, el partido oficial no cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y puede perder el control de la misma. La nueva correlación de fuerzas a su interior : 239 diputados del PRI y 269 de la oposición (125 del PRD, 122 del PAN, 8 del PVEM y 6 del PT), ha introducido elementos novedosos en la vida parlamentaria: desaparece la Gran Comisión, de naturaleza monopartidista, dado que ningún partido cuenta con la mayoría absoluta de diputados y es sustituida por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política integrada de manera paritaria por los coordinadores de las fracciones parlamentarias; se eliminan las prácticas de mayoriteo por parte del partido oficial y se somete a la negociación de los partidos representados en la Cámara todos los asuntos que tienen que ver con sus órganos de gobierno, comisiones de dictamen y formato del informe presidencial. En esta nueva coyuntura, la conformación del Bloque Opositor, integrado por diputados del PAN, PRD, PVEM y PT que en conjunto tienen la mayoría absoluta, ha resultado fundamental para recuperar autonomía y credibilidad del Poder Legislativo. En efecto, a raíz de su integración, este bloque ha conseguido tres triunfos indudables:

1. A pesar de las amenazas del PRI de desconocer la instalación de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, consiguió que la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del mes de septiembre quedará en manos de un opositor, en este caso el diputado perredista Porfirio Muñoz Ledo. Así, por primera ocasión un diputado de un partido distinto al del titular del Ejecutivo respondió el Informe presidencial.

2. La presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, máximo órgano de gobierno interno, no quedará en manos de un sólo partido y será rotatoria entre los partidos representados en la cámara. En los primeros seis meses, la presidencia recaerá en el diputado Carlos Medina Placencia, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.

3. La distribución de las 59 presidencias de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados se realizó considerando la proporción de escaños obtenidos por cada partido. Al PRI le correspondieron 27 comisiones, al PAN 14, al PRD 14, al PT dos y al PVEM dos. Asimismo, las oposiciones consiguieron la presidencia de comisiones importantes: Gobernación y Puntos Constitucionales, y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda al PAN; y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Educación al PRD.

Sin embargo, los avances conseguidos hasta el momento por el Bloque Opositor, por sí solos, no pueden llevarnos a concluir que el Poder Legislativo ya afianzó su independencia con respecto al Poder Ejecutivo y afirmó un nuevo equilibrio de poderes. Para ello, es necesario que la Cámara Baja asuma un papel más activo no solamente en lo que respecta a la conformación de sus órganos internos de gobierno y dictamen, sino en lo que compete a los nuevos retos y desafíos que enfrenta la transición democrática.

La nueva conformación de la Cámara de Diputados nos obliga a preguntar: ¿cuáles son las funciones que tendría que asumir esta instancia en la nueva coyuntura política abierta por las elecciones del 6 de julio? La respuesta a esta pregunta no admite equívocos. La LVII Legislatura tiene la oportunidad histórica de asumirse como el foro central en la construcción de la legitimidad del nuevo régimen, el órgano capaz de ganar capacidad para la toma de decisiones con relación a los problemas urgentes y el espacio privilegiado para sentar las bases de un nuevo pacto político que acabe por minar los restos del antiguo régimen autoritario y comience a edificar las nuevas instituciones y prácticas democráticas.

Para llevar a buen puerto estas iniciativas, la Cámara de Diputados requiere implementar cambios substanciales en su vida interna y en su relación con los otros poderes, actores sociales y ciudadanos. Internamente, la Cámara Baja puede instrumentar nuevas reglas que fortalezcan la actividad legislativa. Entre otras podrían mencionarse las siguientes: aumentar la duración de los períodos de sesiones; democratizar el funcionamiento interno de las comisiones de dictamen y hacerlas trabajar permanentemente durante los recesos; aumentar el tiempo legislativo para el desahogo de las iniciativas de los legisladores; limitar el envío de iniciativas por parte del Ejecutivo a las primeras semanas del período de sesiones, etcétera. Hacia lo externo, el Legislativo está en condiciones de replantear sus relaciones con los otros poderes y fortalecer sus vínculos con la sociedad y los ciudadanos. Por primera vez en lo que va del siglo, se empezaría a hacer realidad la independencia y control del Legislativo sobre el Ejecutivo a través del uso de facultades de control parlamentario (por fiscalización, por información, por investigación, control político, etcétera) que no han sido utilizadas en nuestra historia legislativa contemporánea dada la subordinación y complicidad de los diputados priístas con las autoridades emanadas del mismo partido.

Pero más allá de sus facultades constitucionales, la Cámara de Diputados aparece como el espacio natural para desmantelar las estructuras del viejo régimen autoritario y diseñar las nuevas reglas del juego político. Si anteriormente el espacio para la negociación sobre la reforma del Estado fue el del Ejecutivo con las direcciones de los partidos, ahora el escenario de esa reforma tendría que ser el Legislativo. Temas como el nuevo federalismo, la impartición de justicia, la consecución de la paz en Chiapas y autonomía de los pueblos indios, la seguridad pública, entre otros, formarían parte de esta nueva agenda de reforma democrática del Estado.

Ahora bien, el nuevo papel y protagonismo del Legislativo en la transición democrática quedaría sólo en buenas intensiones si este organismo no es capaz de fortalecer los vínculos entre el Estado, sociedad y ciudadanos y recuperar credibilidad en las instituciones y actores políticos. En efecto, si la nueva Cámara de Diputados no involucra a los ciudadanos en la cosa pública corre el riesgo de convertirse en un espacio vacío que sólo será ocupado por los políticos profesionales. Para evitar este posible vaciamiento desde arriba, la Cámara de Diputados está en condiciones de impulsar iniciativas para, por un lado, publicitar su actividad interna y ejercer austeramente su presupuesto, y por el otro, democratizar las organizaciones sociales y reconocer el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso legislativo a través de las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Esa es la apuesta.