¿Podrá
sobrevivir el PRI en las nuevas condiciones de competencia
que ya se afianzan en el México que mira hacia el año
dos mil?, ¿podrá ese partido, que fue construido desde
el poder para mantenerse en el poder, asumirse como un
competidor más, en igualdad de condiciones frente a otros
competidores? Sin lugar a dudas, le costará mucho trabajo,
pero, si quiere llegar con posibilidades reales de ganar
la presidencia el año dos mil, no tiene más remedio que
iniciar su aprendizaje.
Por supuesto, no se trata de una tarea fácil. Desde su
nacimiento como Partido Nacional Revolucionario (PNR)
en 1929, su primera transformación en Partido de la Revolución
Mexicana (PRM) en 1938 y su segunda en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en 1946, este partido siempre fue
una extensión del poder presidencial y disfrutó de los
recursos materiales y humanos que le brindaban con generosidad
los distintos niveles de gobierno, desde el federal hasta
el municipal. Este partido nunca fue en realidad un partido
en el gobierno, sino más bien un partido del gobierno,
que además siempre vivió bajo el manto protector de legislaciones
electorales hechas a la medida de sus necesidades.
Durante muchos años, el PRI se constituyó en el único
espacio en que resultaba redituable hacer política. Era
el escalón necesario para alcanzar la Presidencia de la
República, senadurías, diputaciones, gubernaturas y presidencias
municipales. Además, era el heredero de la tradición nacionalista
revolucionaria y brindaba el cobijo ideológico para la
actuación de políticos de diversas tendencias dentro de
la ideología de la revolución mexicana que, como
se sabe, siempre fue bastante amplia e indefinida. Los
partidos opositores eran tolerados como un mal necesario,
en ocasiones molesto pero finalmente necesario, para brindar
al mundo una imagen de pluralismo coherente con la modernización
económica y social del país, pero no eran vehículos eficaces
para ocupar espacios importantes en la política nacional.
Durante esa época dorada del PRI, su unidad interna dependía
del hecho de que solamente él garantizaba el acceso a
los altos puestos políticos, tanto de elección como de
designación, y para los políticos que no los alcanzaban
era preferible disciplinarse en espera de oportunidades
futuras que correr la incierta aventura de la escisión.
Pero este panorama comenzó a cambiar a partir de 1988.
La escisión de Cuauhtémoc Cárdenas y su corriente democrática
del PRI inició un proceso de transformaciones del sistema
político y del propio partido gobernante que, a diez años
de iniciado, ha rendido ya frutos importantes. La elección
federal de 1997 llevó la votación del partido gobernante
por debajo del 40% y los dos partidos opositores más relevantes,
el PAN y el PRD, mostraron que tienen la capacidad de
aumentar su presencia en la Cámara de Diputados gracias
a sus triunfos de mayoría y no solamente por la representación
proporcional, al punto de permitir la formación de un
bloque opositor que supera en legisladores al grupo parlamentario
del PRI. Este partido aun conserva la mayoría absoluta
en la Cámara de Senadores, pero dicha mayoría ya no es
calificada. Estos dos hechos hicieron que por primera
vez en su historia la política económica del presidente
hubiera debido sortear la posibilidad de ser rechazada
en la Cámara baja.
El ámbito de la política local muestra también con toda
claridad los cambios producidos en los años recientes.
La oposición ocupa ya espacios estratégicos de gobierno
en los estados y los municipios. El PAN cuenta ya con
los gobernadores de seis estados: Baja California, Chihuahua,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Gobierna,
además 308 municipios, de los cuales quince son capitales
estatales, y cuenta con la mayoría en los congresos locales
de seis entidades. Por su parte, el PRD gobierna la capital
del país, 285 municipios, de los cuales dos son capitales
estatales (Colima y Jalapa), y tiene la mayoría en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los pequeños
partidos PT y PVEM también gobiernan algunos municipios:
24 el primero y 7 el segundo.
De los datos anteriores se desprende una conclusión: los
ámbitos de la política nacional y local son ya territorios
de una intensa competencia entre tres actores fundamentales,
el PRI, el PAN y el PRD. Esta lógica nacional tripartidista
aterriza en las entidades, los distritos y los municipios,
en bipartidismos regionales, en algunos casos PRI-PAN
y en otros PRI-PRD. Cada proceso electoral local se enfrenta
a una sana incertidumbre en torno a sus posibles resultados.
Las posibilidades de triunfo de los partidos opositores
han aumentado considerablemente en la mayor parte de las
localidades, aunque por supuesto se conservan algunas
entidades, cada vez menos, en que el PRI sigue siendo
el partido hegemónico.
Una sensación escalofriante recorre a los priístas de
todo el país: ya no basta ser postulado por el otrora
partido invencible para ganar. Por el contrario, ahora
es muy probable que esa postulación sea la antesala de
la derrota. Ahí están los resultados locales de 1997 para
ilustrarlo. De siete gubernaturas en juego (incluyendo
al D.F.), el PRI perdió cuatro; de 649 gobiernos municipales
la oposición se llevó 276, es decir, el 42%; de 228 diputaciones
locales el partido gobernante perdió 126, más de la mitad
(55%).
Por supuesto, lo anterior no configura una situación catastrófica
para el PRI, no al menos si se le considerara como cualquier
otro partido en el gobierno en el contexto de un régimen
democrático. De hecho, en algunos estados en que el PRI
sufrió derrotas severas ha mostrado posteriormente capacidad
de recuperación, como por ejemplo en Chihuahua. Sin embargo,
el hecho determinante es que a nivel nacional, la dirigencia
del PRI no parece haber entendido las señales de los nuevos
tiempos. Una de estas señales es que con la nueva situación
de competitividad que ha instaurado de manera firme la
posibilidad de que el PRI pierda puestos de elección en
disputa, ha desaparecido el monopolio que este partido
mantuvo por décadas en el terreno de la representación
política y eso aumenta los incentivos para que los priístas
inconformes busquen opciones de postulación en otros partidos.
Hasta ahora el partido que más se ha beneficiado de esta
posibilidad ha sido el PRD, que se ha convertido en la
opción preferida de los priístas que no encuentran espacios
en su propio partido. La dirigencia nacional del PRI sigue
actuando como si nada hubiera cambiado y procesa las designaciones
de candidatos al viejo estilo, mediante la imposición
en espera de que los aspirantes frustrados se disciplinen.
En algunos estados sigue funcionando la lógica de la disciplina
a toda costa, pero en otros ya no. En 1997 esto ocurrió
en Campeche, con Layda Sansores cuyo paso al PRD potenció
las posibilidades de este partido en la localidad. En
1998 está ocurriendo en Zacatecas, con la defección de
Ricardo Monreal, exsenador y actual vicecoordinador del
grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados,
que seguramente será postulado por el PRD como candidato
externo a la gubernatura del estado.
Por supuesto que los retos y dilemas que enfrenta el PRI
de cara a la elección federal del año dos mil son enormes.
El primero, como ya adelantábamos al inicio de estas notas,
es que debe aprender a ser un verdadero partido político
que compite por el poder en igualdad de condiciones con
los otros partidos, lo cual implica un reto enorme para
los gobernadores y funcionarios de alto nivel provenientes
de sus filas en el sentido de abstenerse de hacer lo que
toda su vida han hecho: trasladar recursos humanos y materiales
al partido. En el terreno de las elecciones federales
se ha avanzado un buen trecho en este sentido gracias
a la reforma electoral de 1996 que dotó al Instituto Federal
Electoral de mayores atribuciones en la fiscalización
de los recursos de los partidos.
Un segundo gran reto es que el PRI debe aprender a ser
oposición ahí en donde el voto de los ciudadanos lo ha
colocado en tal situación, lo que es verdaderamente difícil
para un partido acostumbrado al carro completo. En lugar
de iniciar dicho aprendizaje, lo que hemos presenciado
en los meses recientes es el inicio de una auténtica guerra
sucia contra los municipios gobernados por la oposición,
con la intención de demostrarle a sus respectivas ciudadanías
que los gobiernos opositores son ineficientes. Esto ha
ocurrido ya en Puebla con la llamada "Ley Bartlett" de
asignación de recursos a los municipios y el ejemplo amenaza
con extenderse a otros estados.
Durante el año de 1998 se llevarán a cabo procesos electorales
en catorce estados de la república, en diez de los cuales
estará en disputa la gubernatura. El camino a la elección
presidencial del año dos mil pasará por las elecciones
locales de los dos años y medio que aun faltan para concretarse
aquélla. La lucha dentro del PRI para avanzar posiciones
hacia la nominación de la candidatura presidencial ya
arrancó. La figura del gobernado de Puebla, Manuel Bartlett,
ya destaca en el escenario como una de las probables cartas
de los duros. Ya arrecian los pronunciamientos
en torno a la necesidad de revisar los candados a las
candidaturas introducidos por la XVII Asamblea del partido
(haber ocupado puestos de dirección en el partido y algún
puesto de elección popular). Ya se han producido algunos
ajustes en posiciones importantes del gabinete, como la
sustitución de Emilio Chuayffet al frente de la Secretaría
de Gobernación por Francisco Labastida, lo que coloca
a éste automáticamente en la carrera por "la grande".
Por supuesto, los partidos opositores también están trabajando
con los ojos puestos en el año dos mil, pero ya aprendieron
también que deben tener los ojos puestos en cada proceso
local para aumentar sus posibilidades a futuro. Para el
PRD y el PAN resulta de vital importancia acreditar la
calidad de su opción con la gestión que sus políticos
más importantes realizan en las tareas del gobierno local.
Por ello, no es casual que sean Vicente Fox por el PAN
y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD las cartas fuerte de
estos dos partidos, aunque solamente el primero admite
explícitamente estar ya en precampaña. En fin, los procesos
electorales de aquí al dos mil serán el laboratorio en
el que los partidos se preparen para la elección presidencial.
La forma en que se lleven a cabo, en que las autoridades
electorales locales se desempeñen y en que el poder central
respete sus resultados nos darán una medida de lo que
podremos esperar de la primera elección del siglo XXI.
