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El proyecto político que compartimos con una gran parte de la sociedad mexicana y de las fuerzas políticas del país se expresa en 17 puntos programáticos:

Terminar con una forma de gobernar arbitraria: de imposiciones del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial; de aplicación de la ley según sea la conveniencia política de los gobernantes; de parcialidad en la aplicación de la justicia; de reformas coyunturales y contradictorias a la Constitución; de reformas que conculcan los derechos constitucionales de los ciudadanos; y de grandes negocios hechos al amparo de la política que quedan en la impunidad.

Es indispensable ordenar, reformar y adicionar la Constitución, de tal forma que se amplíen las garantías individuales a los derechos políticos, como ocurre en todo gobierno constitucional; se reafirmen las formas y los derechos de propiedad; se establezca un nuevo trato hacia las comunidades indígenas; se transforme el sistema de planeación con procedimientos de concertación social incluyentes en los que participe el Poder Legislativo y representaciones sociales elegidas libremente; se reafirme la soberanía de la nación sobre los recursos naturales; se funde un nuevo equilibrio de las instituciones políticas que organice un sistema de gobierno democrático que funcione; y se revise a fondo el marco normativo relacionado con la responsabilidad de todos los funcionarios públicos.

Hacer que la Constitución contenga los ideales en los que coinciden la gran mayoría de los mexicanos: libertad, seguridad, tolerancia, democracia, estado de derecho, igualdad, fin a las discriminaciones, un sistema de responsabilidad operante y las bases para un sistema electoral que garantice la libertad de asociación, la equidad en la competencia y que de sustento a un sistema de partidos que sea representativo de la sociedad mexicana. El espíritu del cambio es que se cumpla lo que siempre ha anhelado la sociedad; que se cumpla la ley para dar sustento a un nuevo sistema político pensado para enfrentar los problemas y retos del siglo XXI.

Asegurar que el pueblo ejerza su soberanía a través de sus representantes y, cuando se trate de asuntos fundamentales, que pueda hacerlo por medio de la participación directa vía referéndum.

Establecer un nuevo procedimiento para reformar la Constitución, en el que si bien el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados conserven un papel importante, expresamente se disponga la intervención de la ciudadanía, tanto en su iniciativa como en la aprobación final; y se provean los medios para que los ciudadanos, mediante un referéndum, aprueben o desaprueben el proyecto de reformas constitucionales y que, sin su consentimiento, ninguna reforma sustantiva se entienda como legalmente aprobada.

Hacer realidad la nueva Constitución mediante el respeto y acatamiento de sus preceptos por gobernantes y gobernados. La ley, clara y congruente, deberá cumplirse, empezando por el gobierno que deberá respetar los derechos de cada ciudadano, ser responsable ante la propia ley y apegar su acción a un nuevo equilibrio entre los poderes de la Unión que fortalezca a la autoridad, la controle y la obligue a someter su acción y la de los otros poderes a la primacía de la Constitución.

Que el principio de división de poderes se haga una realidad tanto en los estados como en la Federación; que el Poder Legislativo asuma plenamente sus facultades legislativas y jurisdiccionales; que el Poder Judicial asuma su papel de controlador y defensor de la Constitución y de la Ley; y el Poder Ejecutivo limite su actuación estrictamente a las facultades que jurídicamente le corresponden.

Facilitar a los particulares la impugnación de los actos de autoridad ya sea mediante el juicio de amparo o la interposición de recursos.

Revisar totalmente el marco normativo relacionado con la responsabilidad de los servidores públicos -de los tres poderes- para hacerlo operativo, imparcial y justo. Agilizar los procedimientos, facilitar las denuncias, hacer operantes las sanciones y penas que se impongan a los infractores.

Reducir el número de servidores públicos que temporalmente están al margen del principio de igualdad ante la ley y que gozan de inmunidades, para que en México se viva en un auténtico estado de derecho, sin privilegios y salvedades.

Depurar y hacer efectivos los principios de control de la constitucionalidad, con vista a que las autoridades y los particulares se atengan a su texto, se anulen los actos que sean contrarios a ella y sean sancionados aquéllos que la violen.

Conservar íntegramente y hacer realidad el principio de supremacía constitucional que deriva de la Constitución y que la leyes y los tratados internacionales estén siempre de acuerdo con ella.

Para que el gobierno democrático funcione adecuadamente en México, no bastará con que haya alternancia -que pierda el PRI-, o que existan mayorías distintas en el Ejecutivo y en el Legislativo, o que incluso se amplíen los derechos ciudadanos y se fortalezca al Poder Judicial.

Desde la nueva Constitución y en las leyes, se necesita diseñar un nuevo equilibrio entre los poderes que fortalezca la autoridad y la controle, que le permita y la obligue a actuar, donde las ambiciones ayuden a que el sistema funcione y no lo pongan en jaque y donde los ciudadanos puedan incidir de manera más efectiva en el rumbo del gobierno y en su corrección.

El referente de nuestro sistema presidencialista ha sido la Constitución de los Estados Unidos. En la realidad, con unas cuantas excepciones, no hemos tenido un sistema presidencialista limitado por los poderes y la Constitución, sino un sistema presidencialista autoritario o imperial. Los excesos del presidencialismo, se han querido corregir en distintos momentos y de distintas maneras: estableciendo una cámara legisladora única en 1857, debatiendo sobre las posibilidades de un gobierno parlamentario, o introduciendo controles a las facultades del Poder Ejecutivo que sólo tenían un efecto cosmético cuando predominaba la mayoría priísta, pero que terminaron por deformar el sistema presidencial cuando cambió la correlación de fuerzas.

Con los cambios en el peso de los partidos que han producido las últimas elecciones, se han creado nuevas expectativas, pero las instituciones de gobierno todavía no tienen un nuevo orden. Si no existe un nuevo orden político, pasaremos de un presidencialismo fuerte a uno que viva paralizado y en riesgo permanente.

No podemos tener un sistema presidencial puro: con más de dos fuerzas políticas no funcionaría adecuadamente. No podemos tener un sistema parlamentario puro: los partidos -aunque mejor que nunca antes- apenas empiezan a funcionar, venimos de otra cultura política y es indispensable tener un jefe de Estado con gran apoyo popular.

El sistema electoral mexicano no es ni un sistema de mayorías que genere gobernabilidad, por medio de la posibilidad de alternancia; ni tampoco es un sistema proporcional, con incentivos institucionales para la cooperación de las fuerzas políticas.

Necesitamos diseñar un sistema de gobierno que se adecue a las necesidades de México. Es conveniente:

Mantener la elección del Presidente de la República (jefe de Estado), separada de la de los miembros de la legislatura.

Mantener al Presidente de la República (jefe de Estado), como responsable de la seguridad nacional, de la unión interna y de la política exterior; que sea electo por seis años sin reelección y considerar la posibilidad de reelección, hasta que se haya probado durante por lo menos un sexenio, que el cambio político está consolidado.

Instituir la figura de Jefe del Gabinete (jefe del gobierno) que estaría vinculado y sería responsable ante la Cámara de Diputados; con funciones de coordinación, diseño, instrumentación, evaluación y corrección de las políticas públicas.

Elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados cada tres años y posibilidad de reelección consecutiva de sus miembros a partir del 2006.

Cambiar el sistema electoral actual por una modalidad que dé mayor estabilidad a la política y representatividad a la sociedad, ya sea mediante un sistema de mayorías y segunda vuelta, tanto para la Cámara de Diputados como para el Ejecutivo, o con un sistema electoral mixto con 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional que corrija la distorsión de los distritos de mayoría relativa y garantice la representación exacta de los votos en escaños.

Supresión del sistema de "registro oficial" de los partidos políticos y de su exclusividad en la presentación de candidaturas. Facilitar la formación de partidos políticos, coaliciones y grupos de electores para postular candidatos a puestos de representación política.

Integración de grupos parlamentarios con 4% de la votación para el caso de que se adoptara el sistema electoral mixto, para evitar así la pulverización partidista, sin coartar el derecho a la libre asociación.

Establecimiento de instituciones de democracia semidirecta: referéndum, plebiscito e iniciativa popular, como complementarias y correctivas de la democracia representativa, y no como substitutivas de ésta.

El sistema federal está entrampado porque frente al centralismo lo que surge son: las reacciones localistas (caciquiles) que buscan aumentar la capacidad de negociación y de defensa de los intereses locales; y las fórmulas administrativistas de la descentralización que han encubierto una manera de desentenderse de los problemas sociales.

El federalismo necesita de un cambio de concepción para que los gobiernos locales aumenten su autonomía en los dos aspectos que son fundamentales: la primera, la libertad de los estados y los municipios para decidir en los ámbitos de su competencia y en el ejercicio de sus funciones; y la segunda, garantizar la participación en las decisiones federales que las afectan.

México es un país con una diversidad cultural y con tradiciones locales que ha llegado a ser definido como "un continente". Esa diversidad es y puede ser una de nuestras mayores riquezas, si le quitamos al país los múltiples pesos y trabas que han dificultado el desarrollo de sus regiones y de su vida local. La fuerza de las partes no debilita al todo; lo fortalecen cuando está inscrita en un orden político republicano, en un nuevo pacto federal, en nuevos equilibrios y controles ciudadanos en los estados y en una estrategia de desarrollo incluyente.

Se puede diseñar un programa para reducir la corrupción que dé resultados. Se puede diseñar también, un programa para reducir la delincuencia que obtenga resultados. Lo que no se puede hacer es reducir la delincuencia con una autoridad que sea parte de la corrupción o de las complicidades.

Ante los alarmantes problemas de la inseguridad y la impartición de justicia, se han intentado reestructuraciones -de fachada- que nada han cambiado. Se ha buscado la profesionalización de los servidores públicos sin haber sostenido los esfuerzos para lograrlo. Se han depurado a los cuerpos policiacos para sólo acrecentar los contingentes de la delincuencia y, después, volverlos a contratar.

Los problemas de seguridad son demasiado importantes como para dejarlos en manos de la policía. El primer paso, siempre será fortalecer a la autoridad política para que pueda poner a trabajar al ministerio público y a la policía, en torno a objetivos precisos; y para que tenga la capacidad de reorganizar los recursos para aumentar la efectividad. Con ese proceder se pueden bajar los índices de delincuencia.

Mejorar y profesionalizar al ministerio público, al sistema judicial y a la policía, requerirá, adicionalmente, de un acuerdo de fondo que comprometa a las fuerzas políticas, a la sociedad y al gobierno, durante un periodo sostenido de tiempo: por lo menos diez años.

La reforma de la seguridad y la justicia no puede consistir en simples incrementos de los presupuestos o del personal, en compra de armas o patrullas, o en copias mal hechas de lo que se hace en otros países. La tarea es parte central de un ejercicio de gobierno donde la seguridad de los ciudadanos -de sus vidas, de sus familias, de sus propiedades- no queda relegada a las áreas menos prestigiadas y menos capacitadas de la administración, sino que se le concibe como parte de la tarea más amplia del gobierno que tiene que ver con la política económica, con los programas sociales, con los programas para la juventud y, desde luego, con una adecuada estructuración del régimen de gobierno que establezca responsabilidades precisas entre los poderes y evite las múltiples deformaciones y "parches" que se han establecido para tratar de remediar problemas que parecen insuperables.

Fijar con claridad las responsabilidades que tendrá el Poder Judicial y los límites a las acciones del Poder Ejecutivo para que pueda mejorar la procuración e impartición de justicia, hacer de la protección de los derechos humanos parte esencial del sistema judicial y hacer efectivas las sanciones a quienes incurran en los delitos.

Otorgar los mayores reconocimientos, estímulos y seguridades a los jueces que demuestren la más alta autonomía e imparcialidad en sus decisiones.

Simplificar la aplicación de la justicia, abreviar etapas, publicitar los procesos y los resultados, capacitar al personal judicial y establecer juicios abreviados que respeten la formalidad del proceso legal.

Facilitar el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos o de apoyo legal.

Establecer las normas para que el nombramiento de los mandos de la procuración de justicia y de la policía sean aprobados por mayorías calificadas de dos terceras partes en el Poder Legislativo Federal y los de los estados, y para que éstos cuenten con el sustento normativo necesario para que puedan gobernar la crisis de inseguridad y llevar a cabo una tarea de profesionalización de largo plazo.

Separar el combate al narcotráfico de otras responsabilidades de seguridad nacional y procuración de justicia.

Reconstruir el prestigio del Ejército, no volviendo a comprometer su acción fuera de los límites que la Constitución le establece, o en actividades policiacas que puedan desvirtuar su función y su control interno.

El origen principal de la violencia en Chiapas ha sido la incapacidad del orden institucional (federal, estatal y municipal) para responder a las necesidades más urgentes de las comunidades que han crecido aceleradamente, así como las respuestas ilegales y arbitrarias que han tenido los gobiernos federal y estatal ante el desbordamiento de la participación social y el resquebrajamiento del control político corporativo. La guerrilla creció políticamente cuando las comunidades concluyeron que no tendrían respuesta a sus demandas, y cuando sintieron que su seguridad estaba en riesgo.

La solución local del problema está en cambiar la relación de las instituciones con las comunidades en el nivel municipal, estableciendo la autonomía que reclaman; en reconstituir la autoridad estatal y municipal con legitimidad y legalidad; en hacer posible un acuerdo para un cambio estatal de poderes democrático e imparcial; en aumentar la productividad por hectárea y favorecer proyectos de desarrollo intensivos en mano de obra; en diseñar una política social que incluya a los más pobres; y en construir un sistema imparcial de verificación y garantías plenamente confiable para todas las partes que garantice el cumplimiento del acuerdo de paz.

Cada uno de los sectores involucrados en el conflicto debe tener una salida y garantías. La paz no se puede hacer en contra de los intereses o seguridad de ninguno de ellos. El Ejército Mexicano debe tener una salida digna y ser corresponsable del cumplimiento de los acuerdos de paz. El EZLN necesita tener un espacio en la política. A la sociedad y a las fuerzas políticas corresponde abrírselo para que sean los ciudadanos quienes determinen cuál será su acción y dimensión, en función de sus actuaciones. La resolución que se tenga para reconciliar a cada grupo ayudará a la pacificación en Chiapas y contribuirá a que en otras partes del país no se recurra al método de la violencia cuando los reclamos sean políticos.

La paz en Chiapas tiene, desde luego, relación con la situación política nacional. Entre mayor -y mejor conducido- sea el cambio político nacional, la paz en Chiapas será más sólida. En el marco de una nueva Constitución, de la ampliación de los derechos ciudadanos y de la reconstitución de la autoridad política, el conflicto en Chiapas será absorbido por el cambio nacional. En el marco de un mayor consenso sobre el rumbo de la economía y de que éste sea sostenido por una coalición social más amplia, habrá mayor confianza en la economía y también disminuirán las posibilidades de violencia en otras regiones del país. Un liderazgo nacional fortalecido tendrá amplios márgenes para firmar la paz y para ofrecer garantías creíbles a todos los sectores en Chiapas y en el país en su conjunto.

Las crisis económicas de nuestro país se han convertido en un fenómeno recurrente en los últimos veinte años. Durante este tiempo, no hemos logrado crecer de manera sostenida y hemos vivido bajo incertidumbre económica. Cada vez que logramos crecer un poco, volvemos a caer en una nueva y mas severa crisis.

Como resultado de estos colapsos tenemos una economía que no es incluyente: se ha polarizado la distribución del ingreso, tenemos una caída sin precedente en los salarios reales y la pobreza extrema es cada vez mayor y cada vez alcanza a mas mexicanos.

En un principio se achacaron todos los males a la crisis fiscal de los años setenta, al populismo y al estatismo. Después se pensó que con los programas de estabilización de la economía y con las reformas estructurales de mercado (neoliberalismo) se volvería a crecer.

Tanto daño ha hecho la irresponsabilidad fiscal que puso en quiebra al Estado Mexicano, como el dogmatismo neoliberal que le ha infringido costos a la sociedad y ha terminado por encubrir privilegios, arbitrariedades, intereses ilegítimos y debilitamiento de nuestras instituciones.

Frente al desaliento por la falta de resultados y la percepción de que la fragilidad de nuestra economía nos puede llevar a una nueva crisis, algunos quisieran encontrar una fórmula -salvadora- que permita crecer y redistribuir, sin tener que hacer un mayor esfuerzo y sin correr riesgos. Esa fórmula no existe.

A partir de nuestras prioridades y al ritmo que sea posible en el contexto de la economía internacional, necesitamos:

Ello no será posible con un manejo dogmático y patrimonialista de la economía. Tampoco lo será con una conducción irresponsable y unilateral.

Política fiscal y monetaria razonablemente equilibrada. Una mayor solidez del gobierno que inspire la confianza en nuestro país y en su estrategia de desarrollo, nos abriría márgenes adicionales de maniobra ante las situaciones internacionales que prevalezcan.

Política cambiaria que no sobrevalúe y aumente con ello los riesgos devaluatorios, pero que tampoco induzca a una subvaluación tal que mantenga la incertidumbre, impida controlar la inflación y reduzca aún más el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

Política monetaria que tenga como prioridad la estabilidad de precios. La inflación es el fenómeno mas perverso que ha tenido nuestra economía en los últimos años, debido a su carácter regresivo. El combate al aumento de los precios no debe estar basado en la sobrevaluación del tipo de cambio y en la contención de los salarios.

Finanzas públicas sanas. Esta debe ser una prioridad en el gobierno para no generar desequilibrios macroeconómicos y evitar comprometer recursos de las generaciones futuras. La estabilidad de las finanzas públicas debe estar basada en un creciente fortalecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos y en una mayor eficacia y transparencia en el gasto.

Reforma fiscal que estimule el ahorro, la inversión y la creación de empleos productivos, y desaliente el consumo suntuario. Necesitamos un sistema fiscal competitivo a nivel internacional, que garantice la seguridad jurídica de los contribuyentes y fortalezca la capacidad fiscalizadora del Estado. Debe distribuir las cargas fiscales de manera mas equitativa y justa, premiar al contribuyente cumplido, simplificar sus procedimientos, bajar el costo administrativo del pago de impuestos y generar los suficientes incentivos para atraer a la legalidad a la economía informal. Esta reforma fiscal debe tener como consecuencia el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno, con el fin de tener mayores recursos para financiar programas sociales de largo plazo y para distribuirlos a estados y municipios. Sin una reforma tributaria con estas características, la política fiscal va a seguir siendo el resultado de emergencias económicas, de las necesidades de gasto del gobierno y no parte de una estrategia de desarrollo de largo alcance.

Política comercial donde sostengamos la apertura de los mercados y nuestros acuerdos comerciales que han facilitado el crecimiento del sector exportador, pero donde podamos proteger a nuestra industria y agricultura en términos semejantes a como lo hacen nuestro socios comerciales mas importantes.

Fortalecer el ahorro interno como fuente de financiamiento de nuestro desarrollo. El Sistema de Ahorro para el Retiro generará montos importantes de recursos que deben traducirse en mayor inversión productiva. Un mayor ahorro interno reduce los efectos desestabilizadores de los movimientos financieros especulativos internacionales.

El ahorro externo debe ser una importante complemento al ahorro interno. Se debe crear un marco propicio para que estos recursos sean canalizados a inversión directa que generen la creación de empleos y ayuden al fortalecimiento de nuestra economía en su conjunto. En lo que respecta a los flujos financieros de corto plazo, debemos ser muy cuidadosos para no caer en situaciones de alta vulnerabilidad, como la observada en 1994, pero al mismo tiempo no cerrar la oportunidad de que éstos capitales coadyuven a fortalecer la inversión en nuestros mercados bursátiles.

Seguridad social que contribuya a fortalecer el ahorro interno y que esto se refleje en una mejor atención y calidad de los servicios.

Política industrial no centralizada y limitada a las grandes empresas, sino dirigida a mejorar las condiciones de competencia de las pequeñas y medianas empresas, facilitando su capitalización, acceso al crédito y a la innovación tecnológica.

Desarrollar nuevas instituciones y mecanismos de financiamiento donde los sectores productivos tengan participación efectiva, para recapitalizar a las empresas y a las regiones rezagadas, con estímulos y garantías para que los recursos se dirijan, en mayor medida, a fines productivos y a los sectores mas atrasados.

Política de desarrollo rural y regional que haga menos traumático el tránsito de la sociedad rural a la sociedad urbana y que responda a los efectos que tendrá el Tratado de Libre Comercio en los próximos diez años sobre el campo, para que, a través del fortalecimiento del crédito, la diversificación y el desarrollo regional puedan mejorar las condiciones de vida y aumentar la producción de alimentos. De otra manera, cada vez importaremos mas alimentos, impactando en nuestra balanza comercial y utilizando montos crecientes de divisas.

De manera semejante a como se hizo en el pasado, cuando para impulsar el desarrollo de la frontera norte se crearon zonas de libre comercio y decretos de apoyo a la industria maquiladora, ahora será necesario diseñar para el Sureste nuevos instrumentos y estrategias que compensen las desventajas y obstáculos que se presentan a la inversión, con el fin de acelerar el crecimiento y la creación de nuevos empleos. Hay que poner en marcha en las zonas de mayor pobreza del país, políticas económicas emergentes, planes de desarrollo regionales y una política social agresiva de combate a la pobreza extrema que vaya dirigida a romper el círculo de la pobreza y al fortalecimiento de las capacidades básicas de los individuos.

Política antimonopólica que impulse y aproveche los mecanismos del mercado para frenar las concentraciones monopólicas y prácticas desleales en el comercio.

Política de desarrollo de las instituciones y de transparencia para que dentro de un mejor marco normativo e institucional se evite el manejo discrecional y patrimonialista de las concesiones, privatizaciones y contratos. Evitar que los errores en la conducción de la economía y los fracasos empresariales se conviertan en cargas públicas.

Fortalecer nuestro sistema financiero. Necesitamos intermediarios financieros sanos y competitivos a nivel internacional, que canalicen de manera eficiente el ahorro de nuestra economía hacia proyectos de inversión rentables. Las economías que se benefician de la integración a los mercados financieros internacionales, logran una acelerada tasa de formación de capital que hace posible elevar el nivel de bienestar en forma sostenida. La regulación financiera debe prever la corrección de las imperfecciones del mercado y establecer reglas prudenciales que eviten situaciones de alta vulnerabilidad. El sistema de seguro sobre depósitos debe proteger a los pequeños ahorradores, garantizar la solvencia del sistema de pagos y generar los incentivos adecuados para que los bancos no incurran en tomas excesivas de riesgo y prácticas irregulares, como ocurrió en los últimos años, con elevados costos para el bienestar actual y futuro de la sociedad mexicana.

Rendición de cuentas por parte de la autoridad y la aprobación y supervisión del Congreso sobre el uso de todos los recursos públicos destinados al rescate bancario. Esta es una condición indispensable para que nuestra modernización económica tenga mayor certidumbre.

Fortalecer la efectividad profesional del gobierno y desarrollar un servicio civil para aumentar la efectividad del Estado y su capacidad reguladora, en los ámbitos en donde esté de por medio el interés público. Al mismo tiempo, eliminar de manera radical los obstáculos que existen para la formación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El crecimiento de la economía debe incluir a quienes han quedado fuera. México necesita construir una política económica no dogmática que aproveche las ventajas que nos ofrece la economía global, acabe con el traslado inequitativo de los costos del ajuste a los sectores de menores ingresos, modere los frenos y los arranques súbitos que desequilibran a la economía (y a la economía de las familias), reduzca la brecha entre los sectores y regiones de mayor desarrollo y quienes han quedado al margen de cualquier posibilidad de bienestar, y mejore las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza extrema. Para dar sustento en el largo plazo a esa política económica, nuestro país necesita tener reglas claras, consensos sociales más amplios que respalden la política económica y prioridades de largo plazo: la principal es preparar a los niños y jóvenes para que accedan a mejores oportunidades de trabajo mediante una educación de mayor calidad.

Es indispensable construir una economía incluyente que permita reducir el dualismo económico y social, acelerar el crecimiento y hacer de la educación una prioridad nacional.

La educación debe ser el elemento transformador de México, el principal medio para el desarrollo individual y colectivo y la base para una cultura democrática en el país. El objetivo es llegar a un compromiso nacional para que las oportunidades educativas sean iguales y de mejor calidad para todos.

Hacer una evaluación y una propuesta independientes sobre el estado de la educación por los miembros más calificados de la sociedad, -no sólo del sistema educativo- donde se determine en qué medida nos estamos acercando en los distintos niveles de educación, y en cada una de las profesiones, a estándares aceptables; y formular una propuesta que identifique con claridad cuáles son las inercias, resistencias e insuficiencias del sistema educativo actual y qué se necesita para dar un nuevo impulso a la educación -y a través de ella al desarrollo de la economía, a una mayor igualdad y a la difusión de los valores cívicos- precisando la magnitud del esfuerzo adicional que se requiere y los compromisos de cada uno de los sectores de la sociedad y del gobierno.

A partir del liderazgo político nacional generar un verdadero compromiso de la sociedad con el proyecto educativo, construir el acuerdo político unánime de todos los partidos en torno al proyecto, así como los compromisos específicos de los principales sectores de la sociedad, de los maestros, de los padres de familia y de los medios de comunicación.

Realizar el proyecto educativo obliga a sumar los esfuerzos de la educación pública y la educación privada, así como a abrir posibilidades de financiamiento adicional. No sólo mediante una redistribución entre los sectores de la administración pública, sino, fundamentalmente, a partir de un mecanismo institucional que vincule a la educación con el fomento del ahorro y con la reforma fiscal, de tal manera que se obtengan los fondos adicionales necesarios, la sociedad se asegure que éstos van a ser parte de la inversión y del bienestar futuro, así como de que ella va a participar de manera permanente en su la aplicación y en el control de su ejercicio.

Reforzar la educación cívica de los jóvenes y la transmisión de una ética ciudadana y de valores democráticos, manteniendo la decisión de que la educación pública siga siendo laica.

Realizar un esfuerzo extraordinario para fortalecer la escuela pública en todos sus niveles y modalidades.

POLITICA SOCIAL INCLUYENTE

El objetivo básico es que mediante acciones públicas que combatan y disminuyan los efectos de la pobreza, para facilitar el acceso a la igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes de las regiones más rezagadas, de los barrios y colonias más pobres.

Las políticas sociales deben estar adecuadamente concebidas para que: al evitar duplicidades en la atención institucional, aumenten sus alcances; al aplicar las decisiones que técnicamente den los mejores resultados, aumente su efectividad; al diseñar un adecuado sustento financiero, los recursos se puedan aplicar con la regularidad conveniente; al sumar y convenir la participación de las comunidades, de otros sectores de la sociedad y de organizaciones no gubernamentales y filantrópicas, se amplíen e igualen sus alcances; al ser discutidas y acordadas con la gente, tengan amplia aceptación y pueda ser más fácilmente supervisado su cumplimiento.

Se necesita ampliar significativamente el monto destinado a la política social, cuidando que éste vaya a la gente y no se quede en la burocracia. En una revisión cuidadosa de los presupuestos, todavía se encontrarán posibilidades de reorientación del gasto. En la nueva fórmula de reparto de participaciones federales, deberán etiquetarse recursos para enfrentar la pobreza. Aún así, el financiamiento accesible es insuficiente. Se necesita de una proporción mayor de los ingresos públicos y que éstos vayan creciendo paulatinamente.

Los objetivos de la política social no deben dispersarse, ni su aplicación limitarse a pequeñas fracciones de la población que tienen facilidad de acceso a las instituciones, o que reciben atención por ser parte de clientelas políticas, partidistas o caciquiles.

La clave de su éxito estará en escuchar a la gente e ir a donde está la necesidad y no que la gente vaya a donde están las oficinas del gobierno. Aunque desde luego con enormes esfuerzos, sería posible llevar a cabo -en todas las regiones del país y en un plazo de tiempo relativamente corto-, acciones que pudieran beneficiar a toda la población. Podría tenerse un programa de nutrición infantil universal para acabar con los graves problemas de desnutrición. Podrían establecerse políticas de salud preventiva más ambiciosas hasta en las regiones más alejadas. Podrían desarrollarse programas de capacitación -de artes y oficios- que amplíen la cobertura a las regiones más pobres. Podrían llevarse a cabo ambiciosos programas de apoyo a la mujer.

En vez de que la política social sea cada vez más reducida, se disperse en múltiples propósitos, no llegue a la gente, refuerce estructuras de control adversas a las comunidades, es imprescindible darle un nuevo sentido y un nuevo prestigio para que muchos jóvenes capacitados se entusiasmen con ella, participen y apoyen sus acciones, adquieran experiencias útiles en el transcurso de sus vidas, y fortalezcan sus sentimientos de solidaridad y de pertenencia a la nación.

Reducir drásticamente los niveles imperantes de pobreza debe ser el propósito sistematico de las políticas públicas.

Luchar por políticas públicas que permitan revertir el abandono en que se encuentra el campo mexicano, tanto con inversión en infraestructura como con un mayor flujo de recursos financieros a instituciones que fomenten la cooperación entre productores, que sean manejados escrupulosamente y se signifiquen por su eficacia para avanzar en la capitalización del campo.

Fortalecer las actividades agropecuarias y forestales del país para lograr en el campo mexicano un progreso equitativo y duradero, cuyos frutos permitan combatir la miseria y el rezago; aumenten los ingresos de los productores y den mas y mejores oportunidades a los campesinos.

En lo inmediato, se deben impulsar políticas de precios mas justos a los productos agrícolas y respaldar opciones que permitan superar el problema de la cartera vencida agropecuaria, principal obstáculo a la producción y al aumento de los niveles de ingreso en el campo.

La situación de la mujer en México es de desigualdad. Ello tiene que ver con herencias culturales muy profundas y con la manera como están organizadas las instituciones. Como sociedad, está en nuestra posibilidad transformar esa relación desigual. Ello no puede lograrse, únicamente, prohibiendo tratos discriminatorios, sino que se necesita generar mecanismos que den temporalmente ventaja a las mujeres -con acciones afirmativas- que faciliten su integración más armónica al mundo del trabajo y de la política. Este cambio es parte importante de la democratización de la vida pública y de la transformación de los valores de los que depende nuestro éxito como país.

Se necesita fortalecer los instrumentos legales y las políticas públicas para combatir la violencia hacia la mujer, su discriminación y apoyarla en su desarrollo. El papel de los medios de comunicación y del sistema educativo son fundamentales en el cambio cultural que ha de sostener, en el largo plazo, a los cambios institucionales.

Junto a la necesidad de igualar derechos, también es necesario facilitar el crecimiento de las organizaciones y movimientos que defienden a la mujer en las más distintas actividades y desde perspectivas plurales, de tal manera que el peso político y social de las mujeres pueda frenar las prácticas de hostigamiento, abusos, discriminación, explotación, atropellos y proteger a distintos sectores de la población femenina, aumentar su libertad, su igualdad y su seguridad.

Impulsar la libertad y la igualdad de las mujeres es perfectamente compatible con apoyar a la familia y a los valores de la vida familiar. En una familia cohesionada se respetan entre sí cada uno de sus miembros, cada uno es escuchado y cada una de las mujeres de la familia tiene un lugar que debe respetarse. Esos valores de respeto entre la familia y hacia las mujeres fortalecen la unión familiar.

Apoyar a la familia es, también, perfectamente compatible con que la sociedad y sus instituciones se adecuen para lograr una mejor protección de las madres solteras que sostienen y cuidan a sus hijos por sí mismas, y que por lo general se encuentran en un plano de absoluta desventaja frente a su entorno. Son demasiadas las mujeres que están en esta situación y demasiadas las desventajas a las que se enfrentan, como para que la sociedad y las instituciones cierren los ojos ante un núcleo tan significativo de la sociedad mexicana.

Las crisis de los últimos lustros ocurrieron cuando el mayor número de jóvenes de la historia del país ingresaron al mercado de trabajo. El resultado ha sido atroz: para una generación entera su futuro se volvió más difícil.

Los jóvenes sólo tendrán un horizonte mejor, en la medida en que la nación logre superar -por medio del trabajo arduo y sostenido-, los principales obstáculos que enfrenta un proyecto de futuro. De todas maneras, independientemente de los resultados de la economía, de la evolución de la política, y de las nuevas respuestas que puedan mejorar la situación en las regiones más atrasadas del país, hay intereses y preocupaciones de las actuales generaciones que requieren de respuestas específicas.

A sus inquietudes y preocupaciones hay que responderles con respeto y estímulo; proyectar de manera constructiva su preocupación por el destino global, por el futuro del planeta; responder cada vez mejor a sus exigencias de mayor información, a su nueva relación con la revolución informática, de los medios y de la medicina, de movilidad dentro y fuera de nuestras fronteras y a las dificultades crecientes que enfrentan en el paso de los pueblos a las ciudades. La sociedad y las instituciones deben hacerse cada vez más a su medida.

También es importante en un proyecto político tener consciencia de que los jóvenes son quienes más requieren de lugares y momentos de encuentro y convivencia, de alegría y de disfrute. Tienen que abrirse, creativamente, horizontes en nuevas actividades y servicios; y ahí, hay que apoyarlos.

De igual forma, independientemente de los resultados que se obtengan en el comportamiento general de la economía, hay que recuperar parte de lo perdido con un esfuerzo deliberado para abrir nuevas oportunidades de trabajo -en nuevas pequeñas empresas donde obtengan trabajo digno-, nuevos espacios para el deporte, nuevas vías para la expresión cultural, nuevas fórmulas para lograr su cooperación en las políticas sociales, nuevas oportunidades para que conozcan el país. Sin una razón de ser de los jóvenes, no habrá razón de ser de México.

La pluralidad étnica y cultural de nuestro país, exige el establecimiento de una nueva relación de todas y cada una de las comunidades indígenas con las instituciones, para que sean incorporadas al proceso de desarrollo nacional y se les reconozcan sus formas de organización, de gobierno, lenguas, usos y costumbres.

Debe establecerse un nuevo pacto que incluya el compromiso expreso e irrenunciable del Estado mexicano en el sentido de ampliar los beneficios sociales, económicos y productivos, mejorar la impartición de justicia, así como asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las comunidades, los pueblos y las mexicanas y mexicanos indígenas.

Los cambios en la población y su ubicación en el territorio tienen enormes repercusiones sobre la organización de la vida social, las oportunidades de mejoramiento económico y la convivencia. Es muy distinto ser un país de cien millones de habitantes, con grandes ciudades y zonas metropolitanas, que lo que fuimos a principios del siglo: un país con menos de la quinta parte de la población actual y con la mayoría de los habitantes viviendo en pueblos y pequeñas comunidades rurales.

Aunque el crecimiento de la población se ha ido moderando en la última década, en algunas de las regiones más pobres del país se presentan crecimientos anuales de hasta 8%. No puede haber un desarrollo duradero sin una política de población que sea respetuosa de las decisiones de las parejas, pero que también las apoye resueltamente para que puedan planear mejor el crecimiento de su familia.

Los movimientos migratorios que ocurren en nuestro país también están transformando de manera radical las formas de convivencia. Al mayor ritmo que sea posible se debe seguir acelerando el desarrollo de ciudades medias y regiones que puedan mitigar los flujos migratorios, externos e internos, y que puedan reducir la presión sobre las grandes ciudades. No hay otro camino que el de mejorar el bienestar en las ciudades medias y en el campo. Esto es adicionalmente urgente, si se considera que, como resultado de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, la protección histórica de la agricultura mexicana desaparecerá por completo en pocos años y que esto constituirá un factor adicional de presión sobre los recursos naturales, los servicios públicos y las demandas de empleo.

Se pueden cerrar los ojos ante estas realidades, pero si como sociedad y como país no construimos mejores respuestas para abrir alternativas a esta realidad, es evidente que la presión social debilitará la cohesión y limitará las posibilidades de tener un mejor desarrollo nacional.

También es preciso tener presente a nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero, quienes deben gozar del pleno ejercicio de las garantías constitucionales y los derechos políticos con que cuentan todos los demás mexicanos.

Es indispensable defender, representar y hacer que se respeten los derechos de hombres y mujeres, familias y comunidades de mexicanos que por la falta de oportunidades económicas han tenido que emigrar y residir en otros países, particularmente los Estados Unidos, en donde son víctimas de la discriminación, la violencia y el abuso.

La protección de la biodiversidad y del medio ambiente nos ha hecho conscientes, como pocos otros temas, de la necesidad de tener un proyecto común en las comunidades, en la nación y de la propia humanidad. Ha habido avances considerables respecto a la concepción de estos problemas, la aceptación de la necesidad de tener un crecimiento sustentable y a los obstáculos que se necesitan vencer para alcanzar resultados. La agenda es amplia. Debemos avanzar todo lo posible con una visión de largo plazo.

En algunos campos, la situación se ha vuelto especialmente difícil para nuestro país.

La presión a la que están sometidos los recursos naturales es enorme. Cada vez es más difícil defender las escasas reservas ecológicas que aún quedan en el territorio y los cinturones verdes de las ciudades. La pérdida de suelos es alarmante. El problema del agua va en ascenso y ya existen regiones enteras que están en límites peligrosos por el agotamiento de sus mantos acuíferos y por la incapacidad que ha habido para reaccionar con mayor profundidad y audacia con políticas de ahorro y tratamiento del agua.

Estamos ante una carrera contra el tiempo. Apenas y si sumamos todos los recursos económicos, técnicos, institucionales, educativos y de participación social, seremos capaces de preservar un entorno ecológico relativamente satisfactorio. Estos son problemas que requieren soluciones de largo plazo que sean ajenas a los vaivenes políticos y sobre las cuales la sociedad defina las políticas y los compromisos que habrá que sostener, la distribución de sus costos y los niveles de disciplina social imprescindibles para evitar deterioros aún mayores que podrían llevar a regiones enteras del país a crisis ambientales que pongan en riesgo la salud y el bienestar de una parte importante de la población.

Con relación al petróleo, y ante el debate que se anticipa, nosotros fijamos nuestra posición: deben evitarse los costos al público de una mala administración de Pemex, pero no debe privatizarse Pemex. Nos oponemos a que se privatice Pemex. Hacerlo no sería una decisión que tenga una ventaja económica clara para México; por el contrario, debilitaría estructuralmente las finanzas públicas y sería un golpe traumático para la confianza nacional en el contexto de los fracasos y crisis económicas recurrentes que ha vivido nuestro país. Sería un factor determinante para acentuar las divisiones en la nación.

Los gobernantes mexicanos han perdido la voluntad política y la responsabilidad de cuidar la herencia que recibieron, de defender los intereses del presente y de mantener abiertas las esperanzas del porvenir.

A partir de una lectura estrecha de la realidad internacional, han concluido que el fin de la bipolaridad dejó el poder único a los Estados Unidos. Y que, por la globalización de la economía, no existe otra posibilidad de desarrollo que aceptar sus términos y sus fórmulas.

Nuestros vecinos del norte son la principal potencia del mundo. Es cierto. Y la integración que existe de nuestras economías -que ofrece posibilidades para acelerar el desarrollo económico en México- es irreversible. Sin embargo, eso no quiere decir que las realidades políticas mundiales no sean más complejas, ni que no existan distintas maneras de relacionarse con los mercados internacionales, ni que abdiquemos de nuestra identidad, intereses y proyectos propios. Pensar eso, es ser desleales, a la historia, a la nación presente y al futuro de México. Ninguna nación que se respete a sí misma lo hace. No lo hacen los norteamericanos, ni los franceses, ni los ingleses.

Ese diagnóstico fatalista y pusilánime ha contribuido a debilitar a la autoridad, a las instituciones y al prestigio de México. No ha servido siquiera para dar solidez a la modernización de la economía. Ha hecho crecer la desconfianza y por ello ha reducido las posibilidades de desarrollo.

La solución al problema no la vamos a encontrar si sólo miramos hacia afuera. Sería irresponsable enfrentarnos con el exterior para cubrir nuestras debilidades e incapacidades internas. El factor clave para fortalecer nuestra soberanía es fortalecer a la sociedad y demostrar que tenemos capacidad para conducir pacíficamente los cambios de los que depende la estabilidad política de México, así como el crecimiento y dinamismo de la economía. Ese es el mejor fundamento para tener una relación madura y digna con los Estados Unidos, América Latina y con el resto del mundo.

Si resolvemos nuestros problemas internos, seremos respetados. Si somos capaces de transitar con éxito a través de una encrucijada tan compleja y en el camino alcanzamos una mayor cohesión interna, el mundo volverá a mirar a México con respeto.

Pero nada de eso ocurrirá por sí. El inmovilismo vacía a México; vacía las posiciones y los intereses de nuestro país; vacía el alma de México. Entrega nuestra país a la crudeza de los intereses, de las mafias, de los especuladores, de los poderes fácticos. Es un riesgo para el resto del mundo que vuelve inevitables mayores niveles de intervención externa y nuevas divisiones de la nación.

No debemos aceptarlo. No queremos convertirnos en una región balcanizada, en foco de grandes conflictos internacionales y en un país devastado material y moralmente.

Defender los intereses de los mexicanos y el prestigio de México es defender cada uno su seguridad, su libertad, sus propiedades y su lugar propio en el mundo. A eso están obligados todos los ciudadanos y desde luego los gobernantes de México.