INTRODUCCION

LA DEMOCRACIA Y EL RESPETO A LA LEY

DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE CON EQUIDAD

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO

CULTURA PARA LA DEMOCRACIA

DERECHOS DE TODOS Y TODAS

LA CUESTION INDIGENA Y LA PAZ

TERRITORIOS INTEGRADOS Y SUSTENTABLES

UN PAIS SOBERANO EN UN MUNDO GLOBAL

Desde hace veinte años México sufre una profunda crisis que no cesa de agudizarse debido a las políticas neoliberales impuestas por los últimos gobierno federales. Esta crisis se manifiesta en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social con el empobrecimiento creciente de la mayoría de la población, en lo económico con la integración subordinada a la globalización, las recurrentes recesiones y la destrucción de importantes áreas de la base productiva; en lo político, con la descomposición del régimen de partido de Estado y la inestabilidad derivada de la inseguridad generalizada y la violencia; en lo cultural, con el abandono de una política con responsabilidad social orientada hacia la diversidad social; en lo ambiental con la acelerada depredación de los recursos naturales y el aumento de procesos contaminantes ; y en lo territorial, con la polarización regional y el deterioro de las estructuras urbanas.

La necesidad de superar esta crisis mediante un cambio profundo de rumbo de la nación es hoy evidente. Sólo la derrota del PRI y de sus aliados en las elecciones del año 2000 pueden abrir las puertas a una nueva mayoría en el Congreso que sustente el cambio de régimen político, la transición a la democracia, la recuperación de la economía y su desarrollo, la distribución equitativa de la riqueza, el mejoramiento de la calidad de vida para todos, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el logro de la paz con dignidad en Chiapas, la instauración de un Estado de derecho, la integración territorial en la diversidad y la protección de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. En síntesis, la instauración de una democracia participativa real.

Para lograrlo, proponemos a las mexicanas y los mexicanos un conjunto de políticas que, aplicadas con la participación de toda la ciudadanía, nos permitirán iniciar el nuevo siglo con un proceso de transformación y reconstrucción de la política, la economía y la sociedad en condiciones de gobernabilidad y sustentabilidad.

El proyecto de nación que proponemos tiene como ejes centrales: una Nueva Constitución y Régimen Político Democrático; una Nueva Relación Gobierno-Sociedad; un Desarrollo Económico Sustentable con Equidad Social y una Nueva Responsabilidad Social del Estado. En este sentido, estas ideas centrales atraviesan toda la propuesta para hacerla armónica e integral en cada una de sus partes y temáticas especificas.

Las reformas al marco jurídico propuesto significan el punto de partida para el nuevo régimen político y el modelo de desarrollo que proponemos para México.

El régimen político que proponemos, se caracteriza por : un nuevo marco jurídico y constitucional ; una presidencia de la República acotada ; una real separación de poderes; una nueva relación gobierno-sociedad y un federalismo democrático.

Por su parte el modelo de desarrollo que proponemos se basa en un desarrollo económico sustentable con equidad social y una nueva política social incluyente. La política de desarrollo económico sustentable se caracteriza por : crecimiento económico; sustentabilidad; redistribución del ingreso, estado necesario , economía de mercado; respeto a todas las formas de propiedad y ; la sociedad como sujeto del desarrollo.

La política social se define a partir de tres elementos básicos: política de empleo; educación como elemento fundamental para el desarrollo y una nueva seguridad social.

1. Nueva Constitución y régimen político democrático Las reformas constitucionales llevadas a cabo en los tres últimos sexenios tienen en común el paulatino desconocimiento de los derechos económicos y sociales que sellaron el pacto que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Los enunciados de la Carta Magna vigente se entienden en muchas ocasiones como meras declaraciones simbólicas, nuestra Constitución no ha sido actualizada para el México del nuevo siglo, quedando fuera de ella, derechos humanos de la tercera generación y los derechos globales de cuarta generación, así como también lo relativo a las metrópolis y las megalópolis, esto último no se ajusta a los contenidos de los artículos 115 y 124 de la Carta Magna.

La Constitución tiene más de 600 reformas parciales, y en los últimos tiempos estas sólo han servido al Ejecutivo Federal para impulsar y justificar políticas económicas neoliberales que inserten a los mexicanos en el actual modelo globalizador. Sumemos a esto la descomposición del régimen político de partido de estado, la corrupción, el narcotráfico y la violencia generalizada; con todo esto nuestra Constitución ya no responde a los anhelos democráticos de los mexicanos, ni a las necesidades del presente y del futuro, y que perdió su capacidad de garantizar la gobernabilidad democrática y un desarrollo económico y social con equidad y justicia.

Es indispensable cambiar la Constitución, para lo cual se necesita promover la discusión pública sobre la expedición de una nueva, y efectuar una consulta plebiscitaria nacional que incluya su nueva redacción y las modalidades para la formación del Congreso Constituyente que ponga fin al presidencialismo y al partido de Estado y su actual política económica y social.

2. Real separación de poderes El actual sistema presidencialista otorga al Ejecutivo Federal una serie de prerrogativas constitucionales y metaconstitucionales que rebasan con mucho, el actual marco de derecho, prefigurado en la Constitución como una República Federal con división de poderes.

En los hechos a través de diferentes mecanismos políticos y legales el ejecutivo federal, subordina tanto al poder legislativo como al judicial. Por tal motivo será necesario emprender una reforma constitucional y de diferentes preceptos legales, como la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Congreso Federal, con el fin de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, asuman su real papel de representantes de la soberanía popular y puedan acotar las funciones del Poder Ejecutivo para transitar hacia un verdadero equilibrio de poderes. En un primer momento, cuando la oposición y el PRD, sean mayoría en el Congreso se impulsará una reforma constitucional para que los Secretarios del Poder Ejecutivo, sean avalados y sancionados por la Cámara de Diputados. En una segunda fase se ampliarán las facultades del Legislativo para que en caso necesario puedan remover a dichos funcionarios. Igualmente se revisará la actual legislación para que en casos específicos se puedan realizar juicios políticos, en contra del titular del poder Ejecutivo.

3. Nueva relación gobierno-sociedad Los mexicanos padecemos fuertes restricciones a nuestros derechos políticos, así lo constatan los fraudes electorales instrumentados por administraciones federales y locales. Pese a eso, el movimiento democrático en el país a logrado avances importantes, esto tiene sus orígenes en luchas sociales diversas como la de los estudiantes en 1968.

Así como también en las movilizaciones obreras, campesinas y populares de los setenta, la emergente participación ciudadana en el Distrito Federal después de los sismos de 1985, las importantes conquistas políticas en diversos procesos electorales desde 1988 hasta la fecha, destacando los triunfos electorales de la Ciudad. de México, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit y Baja California Sur. Detrás de estas victorias están más de 600 perredistas asesinados por el simple hecho de luchar pacíficamente por sus derechos políticos. Otras fuerzas sociales y políticas también han pagado su cuota con enormes sacrificios. Ante esto resulta imperativo elevar a rango constitucional figuras jurídico-políticas como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana y la iniciativa popular; incorporando la figura de candidaturas ciudadanas en las leyes electorales. Legitimar, fomentar y reconocer la participación ciudadana, bajo modalidades especificas de la ley en el plano de las áreas y niveles de organización vecinal, de barrio o de colonia en las ciudades o en el medio rural.

4. Profundizar la reforma electoral La reforma de 1996 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue insuficiente. No existen elecciones libres y equitativas, y el partido de Estado hace uso de los recursos públicos para ganarlas, además presiona y desprestigia al Instituto Federal Electoral (IFE), y en el caso del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), este tribunal carece de plena independencia. Agreguemos obstáculos a las candidaturas pluripartidistas y/o a las coaliciones, la parcialidad de algunos medios de comunicación y la negativa de reconocer el derecho al voto para los mexicanos en el extranjero. Ante esto se requiere una reforma electoral que garantice la competencia con equidad, la eliminación de restricciones a las alianzas y coaliciones, la consolidación de un sistema plural de partidos políticos y el pleno derecho al ejercicio de los derechos políticos. Se precisa la creación de una Fiscalía Especial Federal que investigue y persiga los delitos electorales, como serían la utilización de recursos públicos y de programas gubernamentales en la inducción y compra del voto, el fraude electoral y la alteración de padrón, papelería y resultados electorales, así como también la falsa publicación de información en medios impresos o electrónicos, entre otros.

5. Federalismo democrático México, pese a que la Constitución Política lo define así, dista de ser una república federal porque en la práctica el gobierno se ejerce de manera centralista. El respeto a los tres niveles de gobierno ha sido vulnerado por un régimen político que no considera las necesidades de las regiones, viola la soberanía de los estados y debilita a los municipios. La inequitativa distribución de recursos, la ineficacia de políticas que promuevan el desarrollo regional, el uso de una política fiscal como medio de presión política nulifica el pacto federal. Un genuino régimen federal debe procurar el desarrollo de los municipios, su autonomía y la administración de sus recursos conforme a sus necesidades. Así mismo impulsar una reforma fiscal integral que garantice equidad entre lo que aportan y reciben estados y municipios. También en materias de salud, medio ambiente, seguridad pública y asentamientos humanos, gobierno federal y estados, deben planear y ejecutar sus acciones.

6. Una administración pública eficiente y honesta El buen ejercicio de mando de un gobierno democrático empieza por una administración que respete la ley, honesta, transparente que periódicamente rinda cuentas al ciudadano, y que cuente con una organización con eficiencia y responsabilidad social. La administración pública de los últimos gobiernos, en algunas de sus áreas, fue penetrada por la corrupción y el enriquecimiento ilícito, con núcleos burocráticos que manipulan la ley, usan el patrimonio y los recursos públicos para perpetuar al partido de estado. En el resto de los niveles burocráticos prolifera la complicidad y el amiguismo, entre otros vicios. Por eso es prioridad pugnar por una administración pública plenamente sometida a las normas y el derecho. Los artículos 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, deben reformarse para limitar facultades excesivas del Poder Ejecutivo. Asimismo, para dar continuidad al desarrollo integral a los recursos humanos se debe establecer el Servicio Civil de Carrera.

7. Derecho y libertad a la información y comunicación Existen actualmente en el país 28 sistemas de radio y televisión estatales en 28 entidades federativas, más 2 estaciones de televisión culturales en la Ciudad de México, y 70 radiodifusoras educativas y comunitarias, todas ellas constituyen una considerable riqueza social, a la que los gobernantes no le hacen el menor caso. Las telecomunicaciones y el espacio audiovisual han quedado bajo el control hegemónico de algunas cuantas grandes empresas, sin ningún tipo de regulación. No existe un estudio suficiente de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática y carecen de un marco legal para desarrollarse y utilizarse. Los medios de comunicación electrónicos se han convertido en factores de gran influencia política porque median todo lo público y al hacerlo, perfilan gustos, opiniones y tendencias para la ciudadanía. Será obligación del nuevo gobierno democrático liberar a la comunidad informativa de cualquier forma de presión, coerción o inducción, de tal suerte que su relación con las autoridades y la sociedad esté regida por el respeto y la libre confrontación de la ideas. Un nuevo régimen político tiene la obligación moral y legal de utilizar los medios de comunicación para ponerlos al servicio de la población, para abatir el analfabetismo, desarrollar programas de salud, dar valor a lo ciudadano, a la pluriculturalidad y al conocimiento de derechos y deberes.

8. Seguridad pública y libertades ciudadanas La crisis de seguridad pública que vivimos es consecuencia de la conjunción de la pobreza, desempleo, exclusión de la población, corrupción e ineficiencia de los cuerpos policiacos y del aparato judicial. En el país miles de crímenes y delitos permanecen impunes por ineficiencia o corrupción de las autoridades o porque los ciudadanos no tienen confianza en ellas para denunciarlos. Medios y partidos políticos claman por el aumento a las penas impuestas, más efectivos policiales, uso de ejercito en tareas de seguridad pública y la adopción de medidas autoritarias, vulneran los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La seguridad pública debe de ser concebida, planeada y ejecutada de manera integral con medidas para la prevención y persecución del delito. Reformar el sistema judicial, los cuerpos policiacos, el sistema penitenciario y los programas de resocialización de los delincuentes. Asimismo, reformar la Ley que establece las bases de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para suprimir la intervención de las fuerzas armadas del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En materia de seguridad pública se deben normar los convenios internacionales para garantizar la soberanía nacional, normar el uso de información y las tareas que realicen los integrantes del Consejos Nacional de Seguridad Pública; regular la participación ciudadana en los consejos de coordinación de seguridad pública.

9. Renovación y dignificación de las fuerzas armadas El cambio democrático requiere la transformación a fondo de las fuerzas armadas, las que pese a su modernización, permanecen estancadas en su estructura orgánica y su legislación, con un nivel profesional lejano a lo que demanda la nueva realidad nacional inserta en la complejidad del actual proceso de globalización. El Estado Mayor Presidencial es una dependencia militar que ha desvirtuado sus fines originarios, faltando a la discrecionalidad e ilegalidad, conque en algunas ocasiones, se usa el trabajo de su oficialidad; sobre su presupuesto e ingresos generados no existe control alguno, ni de la SEDENA o la Secretaría de la Contraloría de la Federación, será necesario suprimirlo y crear una ayudantía para el Presidente de la República. La futura Secretaría de la Defensa Nacional debe de transformarse para agrupar a las tres armas, con una estructura comandada por un Estado Mayor Conjunto o Unificado formado por los Jefes de Estado Mayor del Ejercito, Fuerza Area y Armada, presidido por un Jefe del Estado Mayor Conjunto, pero antes hay que independizar a la Fuerza Area del Ejercito, es necesario desde el punto de vista profesional, para que ella elabore en forma autónoma sus programas. Será necesario adecuar y modernizar el marco jurídico de las fuerzas armadas en lo relativo a la homologación y revisión exhaustiva de sueldos de las tres fuerzas, revisar y modificar la Leyes de Ascensos y Recompensas, del Servicio Militar, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, actualizar el Código de Justicia Militar contemplando la creación del Ombudsman Militar.

10. El combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico La libre circulación de capitales y mercancías en el mundo, no sólo consolidan grandes negocios, sino también inmensas operaciones criminales y mafias transnacionales, la incorporación abrupta del país a la globalización, permite a los delincuentes ganancias altas, principalmente a los narcotraficantes. El Estado mexicano a fracasado en su lucha contra el crimen organizado, y además importantes políticos de algunos gobiernos priístas se aliaron y construyeron redes de complicidad institucional con las mafias. El narcotráfico corrompió a la policía mexicana. Es necesario combatir al crimen organizado, la corrupción y la expansión de la violencia social porque son una amenaza para la democracia, el bienestar social y la seguridad pública. Alejemos a México de convertirse en un narco Estado y un paraíso del robo de autos, el contrabando y el secuestro, desmantelando las condiciones estructurales de la economía del crimen. La cooperación antidrogas con los Estados Unidos de Norteamérica no debe de ser vínculo de subordinación. El mejor mecanismo para evitar las certificaciones unilaterales y la violación de la soberanía nacional es impulsar la firma de una Convención Internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, en el marco de la cooperación internacional acordada en la ONU y la OEA, entre otros organismos internacionales.

11. Estado de derecho y justicia equitativa y eficaz No existe en nuestro país un cabal estado democrático de derecho y la población carece de acceso efectivo al amparo y la protección de la justicia, donde la ley debiera garantizar derechos, vemos aparecer diversas formas de corrupción, por ende los sectores más desprotegidos de la población son los más vejados. Ante esta situación es necesario impulsar una reforma al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo en vigor, para que las resoluciones judiciales tengan efectos generales y no particulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe convertirse en un tribunal constitucional. Para ello el Poder Judicial no debe ser controlado por el Ejecutivo. Los tribunales administrativos que dependen del Ejecutivo Federal deberán de ser readscritos al Poder Judicial. El Presidente de la República no debe de tener más participación en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, así como del Procurador General de la República, quienes deberán ser designados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados y el Senado.

1. Participación equitativa en la globalización La globalización es el nombre que recibe el actual proceso multisecular de mundialización de los intercambios humanos, migratorios, comerciales, económicos, culturales y de información. En México este proceso profundizo nuestra subordinación a los países dominantes, la desigualdad frente a sus "socios" comerciales y la inequidad interna. La globalización, actual, sólo beneficia a un puñado de grandes empresas transnacionales, originando un elevado costo social en términos de desempleo, caída del salario real, empobrecimiento y exclusión de la mayoría de la población; han desapareciendo, con la apertura comercial, miles de pequeñas y medianas empresas y en la negociación del TLC no se incluyeron cláusulas de protección a la producción local, sobre todo la agropecuaria. Asimismo, no se incluyo el libre tránsito de la fuerza de trabajo, ni derechos políticos o laborales plenos para los migrantes, principalmente para los que van a Estados Unidos.

En el presente se negocia un tratado comercial similar con la Unión Europea a espaldas del pueblo. Los beneficios de la globalización no llegan a las mayorías de mexicanos, las que pagan sólo sus costos. Ante esto es urgente renegociar los tratados de libre comercio, o negociar los futuros con prudencia y habilidad para lograr la protección necesaria de los sectores productivos estratégicos o los muy debilitados como la agricultura y la pequeña y mediana industria. Mientras logramos nuevas reglas equitativas a nivel mundial, necesitamos internamente fijar cargas tributarias al capital temporal especulativo, para que sus ganancias beneficien también a los mexicanos.

2. Ejercicio republicano de la política económica Durante el salinismo la discrecionalidad y la corrupción en el ejercicio de la economía pública llegó a sus niveles más altos; el gobierno intervino en la configuración de un nuevo poder financiero, emprendió la privatización de la parte fundamental de los activos de la nación, y violando la ley ejerció fondos del Ramo 23 y de la Partida Secreta del Presidente, alrededor de 500 mil millones de pesos del presupuesto, sin control alguno

Ernesto Zedillo beneficiado desde su campaña electoral por fondos comprometidos con intereses y actividades ilícitas, profundizó las estrategias salinistas. Sucumbiendo el ofrecimiento electoral de "bienestar para tu familia" bajo los "errores de diciembre" de 1994 y la crisis de 1995. El gobierno zedillista que termina desplomó los ingresos fiscales de la federación al imprimirles un alto grado de regresividad, y afecto la economía popular con el aumento de las tasa del IVA. Por el lado del gasto, este llego a niveles insuficientes, mientras los recursos públicos destinados a subsidiar banqueros e inversionistas carreteros llego a montos ajenos a la racionalidad. El ejercicio republicano de la política económica se realizará sobre la base de una efectiva división de poderes, poniendo fin al poder absoluto y unipersonal del ejecutivo sobre decisiones de gasto, ingreso, deuda pública, políticas de estabilización y de ajuste; asimismo el fin de la utilización patrimonialista de los recursos públicos, el combate a la impunidad y castigo de todos los que se han enriquecido a partir de la función pública. Proponemos la elaboración, discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, con la participación activa del Congreso de la Unión y una amplia consulta ciudadana; asimismo, discutir y decidir la aplicación de los presupuestos anuales y multianuales de ingresos y egresos, la efectiva fiscalización y el control del uso de los recursos públicos.

3. Finanzas públicas, reforma fiscal, progresiva e integral México requiere de una política alternativa de ingreso y gasto público; los actuales ingresos del gobierno son muy bajos frente a las exigencias del desarrollo, además dependen de las exportaciones del petróleo hasta en un 34 ó 36%, parte importante de esos recursos se pierde por corrupción e ineficiencia gubernamental. El sistema tributario es inequitativo y descansa más sobre la renta de los trabajadores que sobre las ganancias del capital. La base tributaria es estrecha, menos del 50% de la Población Económicamente Activa forma parte del padrón de contribuyentes "cautivos", a causa de una evasión muy alta y de la expansión de la economía informal. Este sistema tributario es persecutorio y no estimula la inversión, además de ser complejo y discrecional, provocando la evasión y la inseguridad jurídica. La reforma al sistema tributario requiere que los tiempos y la forma en que el Congreso toma sus decisiones sean distintos, y que el Ejecutivo presente un Plan de Desarrollo y un presupuesto multianuales, que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se proponen cada año se presente con suficiente anticipación. Se necesita revisar el Código Fiscal de la Federación. reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre otras cosas, para exentar de pago a quienes reciben ingresos hasta cuatro salarios mínimos. Gravando los ingresos derivados de actividades financieras, específicamente las que se originan en los mercados de acciones y valores, proponiendo en el caso de los capitales externos de corto plazo la aplicación de un impuesto. Se requiere reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), reduciendo gradualmente la tasa del 15 al 10%, y gravar hasta con 20 ó 25% los artículos suntuarios; revisar con la tasa cero o régimen de exención para los artículos básicos y al sector agropecuario. Hay que estudiar la abrogación definitiva de la Ley de Impuesto Activo de las Empresas, sustituyéndolo por una tasa mínima aplicable por la Ley del ISR, lo que permitirá mayores inversiones y mantener el control sobre los contribuyentes. La Ley de Coordinación Fiscal se debe revisar para que de manera gradual se canalicen mayores recursos a estados y municipios, incentivando para que estados con menor desarrollo económico eleven su participación, asimismo se precisa revisar la Ley de Deuda Pública para evitar un crecimiento desmedido del nivel de endeudamiento interno y externo.

4. Política de gasto público La caída tendencial de los ingresos presupuestarios, ha originado que el presupuesto total anual por consecuencia disminuya, lo que ha ocasionado disminuir su papel como promotor del desarrollo nacional. El nuevo gobierno democrático impulsará un incremento paulatino en el presupuesto total anual, como porcentaje del PIB, de acuerdo a los estándares internacionales. Se impulsará una reducción del servicio de la deuda pública con el fin de liberar más recursos para el desarrollo nacional. El gobierno democrático realizará una rectificación del gasto programable para tener un presupuesto equilibrado en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad y de la economía, prestándole especial atención a los rubros rezagados por el neoliberalismo, como serían: generación de empleos, fomento industrial, desarrollo rural, entre otros.

5. Reducción del costo de la deuda pública Los gobiernos priístas han impulsado, en los tres últimos sexenios, una política económica que antepone el pago del servicio de la deuda externa y el arropamiento de los intereses de un reducido número de grupos financieros y empresariales, ocasionando con ellos reiteradas crisis financieras, fuga de capitales y caídas de la producción. El sustento fundamental del nuevo gobierno democrático descansa en la reorientación de recursos públicos que se destinen al desarrollo. Para ello se plantea reducir el costo del servicio de la deuda externa pública, estableciendo en el corto plazo nuevas renegociaciones que protejan los intereses del país. El nuevo gobierno democrático 2000-2006 promoverá un acuerdo global sobre la deuda externa entre los países en vías de desarrollo, principalmente los latinoamericanos, sobre las bases de corresponsabilidad, ampliación de plazos, tasas de acuerdo a capacidad de pago y claridad en los mismos para incluir quitas a la suerte principal y no sólo a los intereses.

6. Reorganización de sistema financiero La crisis bancaria de 1993 fue determinada por la liberalización financiera, la privatización de la banca, una mala gestión del riesgo bancario, prácticas irregulares e ilegales solapadas por la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda. Agreguemos los "errores de diciembre" de 1994 y las respuestas de política monetaria instrumentada por el Banco de México que elevaron las tasas de interés, ocasionando que la banca colocara papel comercial en el exterior, duplicándose la deuda de los bancos en dólares. A partir de ese momento el gobierno utilizó el Fobaproa para proteger los accionistas de los bancos, esto ocasionó complicidades de operaciones fraudulentas y financiamientos ilegales al partido oficial. Todo esto se supo a principios de 1998 cuando se propuso convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública, los que alcanzaban los 552 mil millones de pesos.

El gobierno, el PRI y el PAN, acordaron limpiar y reconocer los pasivos realmente irrecuperables, permitiendo que alrededor de 873 mil millones de pesos se convirtieran en deuda pública. Por ello es necesario que el nuevo IPAB informe con precisión el monto de los pagarés que se convertirán en papel gubernamental por cada banco apoyado por el Fobaproa y los activos de cada operación. Hay que limpiar el IPAB develando los "secretos" del Fobaproa y castigando según la ley a todos los que lucraron, también limitar su intervención en las operaciones que están por realizarse. El saneamiento de los bancos llegará a unos 88mil millones de dólares, cifra que es igual al 19% del PIB, y que además tendrá que ser pagada por varias generaciones de mexicanos. Es esencial una nueva política financiera que ponga en el centro la recuperación de la función crediticia de la banca, centrando su atención en la capacidad de pago de los deudores y no sólo en procedimientos para ejecutar las garantías. Hay que incorporar a la banca de desarrollo Bancomext, Nafin, Banrural y Banobras, a la operación crediticia de primer piso a fin de que otorguen financiamientos directos que no pasen por la banca comercial. La política monetaria del gobierno federal combate la inflación, a la que finalmente no detiene pero si provoca el divorcio del sistema bancario con el sector productivo. El Banco de México privilegia la economía especulativa. El servicio de banca y crédito es un bien público, estratégico para el desarrollo nacional por lo que debe de ser supervisado y regulado por el Estado, estableciendo controles para mantener el margen de intermediación bancaria conforme a los estándares internacionales y revisarse el papel del Banco de México y la normatividad aplicable a las instituciones financieras.

7. Fomento a la industria integrada y competitiva Las tres últimas administraciones federales del país carecieron de una política industrial activa, el Estado mexicano abandonó la obligación constitucional de ejercer la rectoría de la economía nacional, fincando su estrategia de promoción del crecimiento industrial basándose en el sector exportador.

El sector maquilador y 300 grandes empresas generan el 96% de las exportaciones manufactureras del país, las que al encontrarse concentradas en unas cuantas ramas y regiones e importar los insumos que utilizan, el resto del aparato productivo queda fuera, ocasionando la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas y la desintegración gradual de la planta industrial. El Estado debe de asumir un papel activo en la conducción del desarrollo y la definición de una nueva política industrial, que busque la fortaleza del mercado interno y la reconstrucción del aparato productivo; estableciendo esquemas más amplios de participación para incorporar a micros, pequeñas y medianas empresas en condiciones provechosas.

La mayor participación de la empresa privada en los mercados debe de ser compensada por la presencia normativa del Estado con el fin de orientar la economía domestica en función de los intereses nacionales, sin desconocer la realidad económica mundial.

8. Dominio público sobre el sector estratégico de la energía En el presente se viene realizando una política petrolera desventajosa, irracional e irresponsable para el país, al centrarla en la exportación de crudo, que se extrae con criterios de explotación irracionales a fin de obtener más cantidad en el menor tiempo. A ello sumemos la descapitalización intencionada de PEMEX, conduciendo a la obsolescencia de sus instalaciones y a finanzas públicas más vulnerables a los vaivenes del mercado y las presiones internacionales. Ahora el gobierno quiere despojar al Estado de los sistemas de energía eléctrica, transfiriendo esta industria propiedad de la nación a intereses extranjeros, abriendo la generación a la competencia, privatizando la distribución y manteniendo sólo la red de transmisión y generación de energía nucleoléctrica en manos del estado. La iniciativa gubernamental obedece a directrices del Banco Mundial, que exige una comercialización agresiva de los sectores eléctricos en los distintos países con la participación de la iniciativa privada; a manera de presión el Banco Mundial canaliza sus créditos al sector eléctrico sólo a naciones que acepten la privatización de ese sector. Los recursos energéticos son bienes públicos, fundamentales y estratégicos, las industrias productoras de petróleo y de energía eléctrica deben de operar en función del interés público, lo cual no impide la participación regulada del capital privado en el sector. Preservar nuestras reservas de hidrocarburos requiere impulsar fuentes alternas de energía y que PEMEX abandone su papel monoexportador de petróleo crudo, para recuperar su vocación industrial, generar más empleos y estimular la reconstrucción de las cadenas productivas. Para todo esto es necesario modificar la Ley Orgánica de las Paraestatales, sólo así cada una de las entidades cuente con capital propio, garantizando su autonomía financiera y de gestión en términos de operación, propuesta de inversión y precios de la energía eléctrica y de los hidrocarburos Por la importancia económica, política y social del sector energético, consideramos que todo el pueblo de México tiene derecho de expresar su opinión sobre cualquier reforma sustancial en este campo, proponemos que cualquier iniciativa en esta materia sea sometida a consulta ciudadana.

9. Economía y desarrollo de la sociedad rural La contrarreforma agraria neoliberal al modificarse el artículo 27 constitucional y la aprobación de una nueva ley agraria al principio de la década de los noventas definió el carácter protagónico del propietario o de la empresa privada. El fin del reparto agrario coronó esta contrarreforma. Asimismo definió la posibilidad de privatizar ejidos y comunidades y de que las sociedades mercantiles pudieran apropiarse de terrenos rústicos. Por eso el artículo 27 constitucional tiene que ser revisado y reformado escrupulosamente. Además de los criterios aplicables a los límites legales de la propiedad, deben de considerarse los de sustentabilidad agroecológica y de modernización sin riesgos.

La mayoría de los sectores productivos de la economía rural han sido afectados negativamente por la apertura comercial abrupta, unilateral y sin proyecto nacional de competitividad. Unos cuantos agroexportadores mexicanos y las corporaciones agroalimentarias norteamericanas son los grandes beneficiarios de la liberalización comercial. La inclusión del maíz en el TLCAN, justificada por el gobierno, como medida para reorganizar al sector agrícola, originó, entre otros efectos, la destrucción a mediano plazo de la base de recursos genéticos asociada a los productores que de acuerdo al tratado, deben de abandonar el cultivo del maíz, desplazando a las variedades de semillas criollas por la utilización de híbridos de alto rendimiento que originan erosión genética, que produce un fuerte daño al tejido social y cultural en el que florece la diversidad genética del cultivo, así como la destrucción de la información relacionada con el uso y destino de esas semillas. Un programa alternativo debe plantear la soberanía alimentaria, la recuperación del crecimiento económico sectorial, el superávit de la balanza comercial agropecuaria, la protección e impulso del empleo rural agropecuario y no agropecuario, la promoción de un desarrollo con sustentabilidad, el abatimiento de la pobreza extrema y la disminución de la pobreza rural. A la población indígena rural, depositaria de una enorme y rica cultura agrícola y de protección y manejo de recursos naturales, requiere del reconocimiento y respeto a sus derechos y autonomía, políticas de apoyo y fomento productivo, adecuándolos a sus formas particulares de organización y gestión económicas.

10. Recuperación salarial y desarrollo del mercado interno La caída continua durante 23 años del salario real y los ingresos de los trabajadores, les hizo perder el 21% de su participación relativa en el producto nacional en beneficio del capital; desempleo y subempleo masivo reducen el poder adquisitivo de los mexicanos contrayendo la demanda interna. La política económica al tomar una orientación hacia el mercado exterior abandonó el objetivo de fortalecer el mercado interno. Un puñado de 300 grandes empresas exportadoras e importadoras se benefician mayoritariamente de los flujos internacionales. Se desmanteló Conasupo y otros organismos ligados al abasto popular, dejando de atender el mercado de la población más empobrecida en manos del comercio más atrasado o informal. Es necesario aumentar el empleo estable para restituir progresivamente el poder adquisitivo del salario, modernizar a los sectores comerciales atrasados e integrar progresivamente al sector informal, son las exigencias de equidad y justicia y de recuperación del mercado interno. El estado puede y debe jugar el papel de promotor, facilitador y asesor de este proceso.

11. Política de comercio internacional México deberá diversificar el origen y destino de su intercambio comercial para ampliar y mejorar las oportunidades de su economía, tanto en el espacio ya abierto y en perspectivas de desarrollarse con la Unión Europea, como en el establecimiento de una mayor presencia en la Cuenca del Pacífico. La dependencia que tiene el país de la economía estadounidense, se expresa en que más de setenta por ciento de nuestros intercambios se realiza con ése país, en tanto que nosotros significamos para ellos un cuatro por ciento, lo cual implica la necesidad de ampliar nuestras relaciones comerciales con otros países y regiones a fin de disminuir las reales y potenciales acciones injerencistas de los Estados Unidos en México. No obstante, los cambios que el TLCAN ha traído, la estructura comercial del país sigue representando una importante limitación para sostener un proceso de crecimiento económico, dinámico y sostenido debido a que a pesar del vuelco que el TLCAN ha dado a las exportaciones en su composición a favor de las manufacturas y en contra de los hidrocarburos, el abastecimiento neto de divisas del país aún depende básicamente de las ventas de petróleo.

El dinamismo exportador ha sido acompañado por la reducción de los encadenamientos productivos intersectoriales, lo cual impide que el sector manufacturero no se haya transformado en generador neto de divisas y que al contrario tenga un peso definitivo en el déficit comercial del país. Tampoco el TLCAN logró que las industrias se diversificaran. Los bajos salarios, es decir la miseria de los trabajadores, más que el desarrollo tecnológico y el proceso de convergencia, fueron la verdadera fuente de la ventaja competitiva. Por todo lo anterior y dado que las bondades y capacidades de solución atribuidas al mercado no lograron dinamizar la economía, cada vez se hace más necesaria una estrategia industrial definida, congruente y viable, pues la reconversión hoy costará más recursos y esfuerzos debido al gran deterioro de muchas empresas y cadenas productivas originada por la política económica de los últimos años. Se debe buscar la participación de los productores mexicanos en el comercio exterior, diversificar los mercados y consolidar las ventajas alcanzadas en las negociaciones comerciales. El libre comercio no debe de ser un fin en si mismo sino un medio para el desarrollo nacional; la inversión extranjera deberá responder a una estrategia que garantice la distribución de la riqueza y autodeterminación de los pueblos, los tratados y acuerdos multilaterales deberá tener preferencias sobre acuerdos regionales, se deberá disolver la asimetría jurídica que garantice las mismas obligaciones para los socios.

1. El estado socialmente responsable y la inclusión social La extrema pobreza, la creciente desigualdad, la exclusión social y la inseguridad lastiman y ofenden a la mayoría de la sociedad. Por ello nuestro mayor compromiso es construir las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de los mexicanos y mexicanas para que ejerzan sus derechos y participen plenamente en la vida nacional. Hacerlo significa edificar un nuevo Estado, que asuma eficazmente las responsabilidades que la sociedad le encargue. Se necesita articular una política alternativa de desarrollo que combata la pobreza, la desigualdad, fomente el desarrollo económico, esto se construye sobre cuatro aspectos centrales: creciente generación de empleo, recuperación gradual del salario, reorientación de las finanzas públicas y fortalecimiento y transformación de las instituciones de bienestar social.

2. La generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso Una vía alterna de combate al desempleo debe ser una política activa de creación de empleo productivo para los mexicanos, con estímulos a la inversión productiva y programas específicos, que los incorpore al trabajo, mejore sus ingresos y les permita disfrutar de sus derechos. Aumentar la participación de los trabajadores en el producto con incremento a los salarios reales por arriba de los de la productividad del trabajo, y crear mecanismos de protección y fomento del ingreso campesino. Construir una política de fortalecimiento de instituciones sociales que reviertan las tendencias privatizadoras; mantengan la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, avanzar en la universalización de los servicios de salud que enfrente la exclusión del 50% de los mexicanos que carecen de algún sistema de seguridad social; acelerar la dotación de servicios básicos y apoyar la política de edificar vivienda de interés social.

3. Educación nacional, para el desarrollo y la democracia La educación en México enfrenta graves problemas, agudizados por los últimos gobiernos, esto mismo no permite el desarrollo de las capacidades potenciales de niños, niñas y adolescentes para su incorporación creativa y productiva a la vida social del mundo cambiante. Asimismo la educación no ha contribuido plenamente a la construcción de una nación democrática y productiva, con ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas y sus derechos sociales. En México alrededor de un millón de niñas y niños no ingresarán a las aulas, agreguemos la deserción alta, sólo la mitad concluye la primaria, y algo parecido sucede con la secundaria, pese a la obligatoriedad constitucional. Ha prevalecido el erróneo criterio que la educación superior es privilegio como resultado de la deserción, pero además esta mala educación fomenta la discriminación por genero, posición económica, identidad étnica y cultural. Para combatir la pobreza y la desigualdad, también es necesario, redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, organización y objetivos; reivindicando su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos sus niveles. Es decir una educación garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad del estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, destinando cada vez más recursos a la misma.

4. Ciencia y tecnología para el desarrollo La ampliación y el desarrollo de las capacidades científico- tecnológicas que garanticen el crecimiento sostenido y equitativo debe realizarse bajo la planeación y la coordinación del estado, que incluya el diseño de políticas adecuadas al modelo de nación que deseamos. Incrementando el presupuesto destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica, proponiendo iniciativas de ley para tal fin, que además busquen la vinculación entre ciencia, tecnología, comunidad científico - universitaria e iniciativa privada nacional. Se revisará y adecuará el régimen de propiedad industrial y patentes. Asimismo, se consolidarán los grupos y asociaciones científicas existentes, revisándose las asignaciones a Conacyt y al Sistema Nacional de Investigadores, en función de las prioridades nacionales.

5. Nueva seguridad social Los derechos a la salud y la seguridad social, son derechos constitucionales. Esta concepción no se ha traducido en una realidad acabada. El principal problema que confronta la seguridad social es que no se a extendido a toda la población, en lugar que aumentara su cobertura, disminuyó como resultado de las políticas neoliberales. Ocasionando que el Estado a la seguridad social la haya convertido en políticas asistencialistas. Es necesario revisar la Ley del Seguro Social , las leyes derivadas de esta, así como también la Ley del ISSSTE, recuperando en sus bases y principios el carácter público, solidario, redistribuido e integral de la seguridad social, y elaborar un nuevo proyecto de nueva Ley de Seguridad Social. Es urgente revisar los sistemas de pensiones existentes a fin de buscar elevar sus montos para garantizar la vida digna de los pensionados, jubilados y viudas.

6. Reorganización del sistema de salud La antigüedad de las instituciones de la salud y los recientes cambios legislativos realizados a su marco legal, contravienen el mandato constitucional sobre un seguro de salud integral, pública y solidaria; y tienden a desmantelar y a privatizar este sistema de protección social; por ello proponemos revisar dichas reformas y elaborar un nuevo marco legal para reivindicar estos derechos y hacerlos extensivos a todos los mexicanos y las mexicanas.

El país requiere de un sistema de salud universal, equitativo, descentralizado y regionalizado, integrado y plural; y con carácter gratuito para poder proteger a quiénes no pueden acceder a la atención privada de la salud. Revertir de inmediato la tendencia decreciente del presupuesto público asignado al sector salud, para detener el proceso de deterioro de su infraestructura; financiar los servicios de salud proporcionados por el gobierno, manteniendo las cuotas obrero-patronal actuales en el caso del IMSS y agregar la aportación estatal comprometida en la misma ley. Para la cobertura total de la población, es preciso desligar el acceso a dichos servicios del empleo formal, transitando del esquema de cuota obrero-patronales a un impuesto de seguridad social. Esto permitiría, por un lado, incrementar la masa de contribuciones y, por el otro, introducir esquemas solidarios de redistribución del ingreso. Es necesario avanzar hacia la construcción de un Servicio Único de Salud (SUS) gratuito, con cobertura y acceso universal en el mediano plazo. La inversión total requerida para financiar la infraestructura de salud y el incremento del gasto corriente requerido para constituir y operar este sistema, resulta inferior al 5 % del PIB; esta inversión tendría a su vez que conjugarse con una política pública integral para abatir los costos de los servicios y seguros médicos privados. Finalmente, este nuevo sistema deberá dedicar su máxima atención a la solución de problemas prioritarios de la población tales como, la promoción de la salud de la población en general, el saneamiento básico, la salud materno-infantil, la prevención de enfermedades, y la atención especial y comprometida de la población afectada por enfermedades terminales como el SIDA

7. Derechos de las familias Las políticas neoliberales contribuyeron en gran medida a la crisis de la familia mexicana, entre las causas de esta crisis se encuentran: perdida del empleo, incorporación al empleo o subempleo de sus miembros, modificación de su estructura, desintegración, deterioro de la salud y exclusión de las instituciones de seguridad social de adultos y menores, hacinamiento y promiscuidad de sus miembros por carecer de vivienda digna. Todo lo anterior genera violencia intrafamiliar que requiere atención gubernamental, pese a la existencia de una ley en este sentido, se necesita ir a fondo para arrancar las raíces que la propician y ampliar los programas preventivos y de apoyo y atención a sus víctimas. Una política social que ponga en el centro de sus acciones a la familia y responda a los derechos colectivos de las mismas, es un objetivo importante del gobierno. Además se requiere de inmediato lnstrumentar políticas públicas que fortalezcan los espacios y vida de las familias, para lograr los mínimos de bienestar.

8. Vivienda digna y suficiente 4 millones 700 mil familias habitan en viviendas hacinadas e insalubres, carentes de servicios, edificadas muchas de ellas en zonas de alto riesgo. No hay política oficial para el fomento de la vivienda rural o de alquiler. Los requisitos del crédito público o privado son excesivos y por tanto excluyentes de las familias. Un gobierno democrático debe garantizar a todas las familias, de manera paulatina pero constante, el derecho de acceso al suelo y la vivienda digna, promoviendo la unificación de la normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en las modalidades de propiedad o en renta, incluido el informal y popular. Una nueva Ley Federal de Vivienda permitiría recuperar la promoción de la producción de la vivienda en organismos del sector público, poner en marcha un programa nacional emergente de edificación de vivienda para renta o venta, reutilización y mejoramiento de la existen, saneamiento ambiental, dotación de infraestructura y servicios para sectores populares en el campo y la ciudad.

9. Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad Un alto índice de la población mexicana esta afectada con algún tipo de discapacidad o disfuncionalidad, sobre ella pesan condiciones cotidianas de exclusión y discriminación, a pesar de sus capacidades manifiestas como sujetos productivos. A los discapacitados se les ve como sujetos a los cuales hay que prestarles servicios de atención de carácter asistenciales, más no por derecho tal y como lo establece la legislación internacional. El estado mexicano carece de una política integral en este sentido, que promocione los derechos y oportunidades para los discapacitados. La política social hacia las personas con discapacidad debe ubicarse en principios marcados por la ONU, así como también promover la ratificación y cumplimiento del convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la readaptación profesional y el empleo de los discapacitados.

10. Derechos y oportunidades de las personas adultas mayores La mayoría de las personas de la tercera edad enfrenta inseguridad económica y graves carencias por falta de políticas públicas adecuadas, esto les impide disfrutar de esta etapa de la vida; dos tercios de ellas carecen de pensión, y al tercio restante la pensión no les garantiza una vida digna. Ante esto no basta un nuevo sistema público de pensiones, sino que además se requiere construir políticas públicas que les den oportunidades de empleo, capacitación, información, seguridad jurídica y cuidados de calidad que les permita seguir desempeñándose como personas activas y productivas.

1. La democratización de la cultura Muchas áreas de nuestro medio artístico y cultural han sido degradadas por una concepción utilitaria de la cultura, a la que se ubica desde tiempo atrás entre las últimas prioridades de la política gubernamental actual. A la enérgica manifestación de la diversidad cultural del país y la amplia constancia de su producción artística, ha correspondido el desinterés del gobierno. En el sector educativo supuestamente se prepara a los niños para la generación de riqueza, reduciendo o eliminando de los planes y programas materias de contenido artístico y humanístico del país y del mundo. Esta deformidad del sistema cultural se explica, porque se entiende a la cultura y el arte como un complemento y un agregado educativo, y no como fundamento de la convivencia y por ende como componente esencial de la propia materia educativa. Es una responsabilidad del nuevo gobierno democrático el apoyo a la producción de bienes y servicios culturales, así como a la industria cinematográfica, editorial y del espectáculo. Necesitamos reestructurar, dar mayor autonomía y recursos, así como también ciudadanizar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y dinamizamos las actividades del Centro Nacional de las Artes en la capital y su promoción y creación en los estados y poner en marcha el Sistema Nacional de Creadores, aumentando la cooperación cultural entre el Estado, la empresa privada, las organizaciones sociales y comunitarias.

2. Protección y fomento de las culturas populares La inmensa riqueza de expresiones artísticas de nuestro pueblo ha sido menospreciada por los gobiernos neoliberales que no ven más allá de las relaciones de mercado y que sólo apoyan lo que puede representar una ganancia a corto plazo. Un gobierno democrático, considera el arte y las culturas populares como síntesis de las aspiraciones, sentimientos y voluntad de los integrantes de una sociedad y en este sentido, contenido esencial de la civilización alcanzada por un pueblo. Para preservar y fortalecer las culturas populares habrá que dar Impulso a la creación artística y a la recuperación de la cultura de todas las comunidades del país, particularmente de las más oprimidas que han sido las indígenas, de igual manera será indispensable promover, preservar y difundir las manifestaciones culturales en el ámbito rural y urbano. El apoyo a las festividades populares y las ceremonias cívicas de las comunidades será vital para recuperar la memoria y el patrimonio artístico y cultural de la comunidad Habrá que ampliar los canales de difusión existentes en los medios de comunicación masiva para promover las manifestaciones culturales y apoyar a las organizaciones sociales que tengan como fin el impulso de las culturas populares.

3. Defensa del patrimonio cultural El patrimonio cultural, en tanto propiedad de la nación, es inalienable e imprescriptible, ajeno a toda especulación mercantil o aprovechamiento privado. Por ello, no se deben otorgar concesiones para uso o disposición de dicho patrimonio a particulares; y las que se hayan otorgado, en forma claramente ilegal, deben cancelarse y someter a juicio a quienes lo permitieron. Se propone elaborar una iniciativa de ley destinada a establecer como una de las garantías individuales el acceso de los mexicanos a su propia cultura; para propiciar un auténtico replanteamiento del marco jurídico existente, vigorizar el proyecto de nación y abarcar en su totalidad los múltiples aspectos de la cultura. La nueva legislación debe garantizar y mejorar la protección de nuestro patrimonio cultural, artístico y estético en todas sus manifestaciones.

1. El respeto a los derechos humanos En México los derechos humanos siguen deteriorándose y violándose sistemáticamente. Esto principalmente por ineficacia y parcialidad de las instituciones gubernamentales encargadas de su procuración e impartición de justicia, el aumento e ilegal actividad de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y combate al narcotráfico, la impunidad de los grupos paramilitares, todo esto principalmente en estados donde la pobreza es endémica como sucede en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El gobierno democrático deberá luchar en forma decidida por alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales, requiriéndose consolidar en principio la división de poderes, implantar la plena autonomía del poder judicial, garantizando la probidad, eficacia y eficiencia de sus integrantes. Asimismo, promover la colaboración y reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de todas y todos. Es urgente fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente al gobierno, asegurando la eficacia y el respeto a sus recomendaciones.

El tema del respeto y defensa de los derechos humanos debe de ser incluido en los programas de todos los sistemas educativos de la nación.

2. El derecho a la diversidad La diversidad se abre paso frente a una uniformidad opresiva que en aras de supuestos valores igualitarios estableció estereotipos sobre el ser mexicano, hombre, mujer, niño, niña, adulto, anciano, sobre la familia y sus valores, sobre la sociedad en su conjunto. En distintos campos se ha tratado de imponer una cultura racista, discriminatoria, homofóbica y con expresiones de intolerancia hacia lo que se sale del patrón hegemónico.

A las cultura indígenas se les ubica como expresiones de atraso, y si demandan reconocimiento a sus derechos propios se les acusa de atentar contra la soberanía nacional. Hoy en día avanzamos hacia una ética global que implica respeto pleno a la diversidad cultural, religiosa, sexual, de genero. El respeto debe de ir más allá de la tolerancia, se debe garantizar por ley el respeto a los "diferentes". Un gobierno democrático deberá promover en los planes y programas educativos el respeto y la tolerancia a todas y todos, por diversos que sean.

3. Los derechos de la mujer y la igualdad de género La mujer mexicana vive en nuestra época una triple condición de sometimiento y explotación: en su calidad de trabajadora, en su situación de género, y otras por el hecho de pertenecer a contingentes sociales que son discriminados y marginados, como los indígenas. Las mujeres siguen apareciendo en lo sustancial vinculadas a políticas asistencialistas y marginales. La violencia sexual e intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres y a sus hijas: más del 90% de los delitos sexuales se cometen contra mujeres, el 50% de ellas son menores de edad, agredidas por un familiar o un conocido.

Es necesario impulsar políticas públicas e iniciativas de ley, donde se impulse el concepto del género por principio de ley, pero además se involucre y participen las mujeres en todas la fases desde la planeación, realización y evaluación de las mismas. Deberá darse prioridad a la salud y nutrición de la mujer, principalmente a las que estén en periodos de gestación. Además proteger los derechos reproductivos de las mujeres y garantizar el derecho constitucional de la mujer y su pareja para decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Es imperativo hacer valer los distintos convenios internacionales que ha firmado y ratificado México, entre ellos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, en 1980; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para" de 1994, así como también las diversas recomendaciones emitidas por la UNESCO en la materia.

4. Las niñas y los niños también cuentan La mitad de la población mexicana tiene entre 1 día de nacido y 19 años de edad, de este grupo alrededor de 30 millones forman parte de la niñez mexicana. Las políticas públicas dirigidas a este sector de la población, carecen de programas con una visión integral. Las cifras de desnutrición infantil son aterradoras, se señalan que existen un millón 200 mil niños que padecen desnutrición severa, y en las zonas rurales, el 17% del total de infantes sufre desnutrición de alto riesgo. Corresponde al Estado y al nuevo gobierno democrático tomar las medidas necesarias para garantizar un desarrollo pleno de las niñas y los niños, respetando sus derechos a la vida, la educación, un medio ambiente sano, a la salud, al sano esparcimiento, a ser protegidos de toda forma de discriminación, explotación o maltrato, a formar parte de una familia, a la libertad de opinión, conciencia, religión y asociación. Los niños de la calle deberán ser sujetos de atención institucional que les garantice la posibilidad de habitar un espacio privado o comunitario, su permanencia en la escuela, la superación de adicciones, su seguridad, la reinserción en la vida familiar y la sociedad en general.

5. El derecho de las y los jóvenes El 40% de la población mexicana es de jóvenes y representa el 46% de la Población Económicamente Activa. Pese a eso sus expectativas de vida no son nada alentadoras debido, principalmente, a la falta de acceso a la educación media, media superior y superior ; el desempleo y la marginación. Es paradójico que la población más productiva del país no tenga asegurado el futuro. El neoliberalismo de los últimos gobiernos menosprecio los derechos de este sector de la población. Además de una educación pública y gratuita en todos los niveles, un gobierno socialmente responsable debe generar mejores oportunidades de empleos, alentar espacios de participación política bajo el respeto irrestricto a la libertad de expresión y organización, abrir espacios y mecanismos permanentes de información e intercambio de ideas y desarrollar servicios integrales frente a sus diversas necesidades.

6. El derecho al trabajo y la transformación de las relaciones laborales Las condiciones fundamentales en que se mueve el mundo del trabajo se encuentran profundamente deterioradas y en el panorama nacional sólo se observa: desempleo y subempleo masivos, la caída vertical de los salarios reales y las graves distorsiones en las relaciones laborales. La economía nacional no ha sido capaz de crear anualmente el millón de empleos que necesitan para incorporar a la misma cantidad de jóvenes que desean incorporarse al mercado de trabajo. Amén de los despidos masivos provocados por las crisis recurrentes, la baja en los salarios y la disminución de su poder adquisitivo durante los últimos 20 años, agrava la situación del trabajador. Frente a este desolador panorama, donde los trabajadores se han llevado la peor parte, el nuevo gobierno democrático deberá emprender acciones concertadas entre trabajadores y empresarios para que se alcance la meta de generar la mayor cantidad posible de empleos que requiere la sociedad e iniciar la recuperación de los salarios y su poder adquisitivo. Se propone sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por nuevos tribunales federales y locales, dependientes del Poder Judicial, a fin de liberarlos de prácticas corruptas y burocratizadas de hoy día. Será necesario promover un nuevo marco legal y administrativo que fomente el desarrollo de un sindicalismo autónomo, representativo y democrático. Asimismo, impulsar una reforma legal que permita la inscripción con fines informativos, de un registro público de organizaciones sindicales y contratos colectivos, mismo que deberá de ser un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se buscarán los consensos para iniciar las reformas a la Ley Federal del Trabajo en vigor.

1. La cuestión indígena y la Nación Los pueblos indígenas en México son el soporte fundamental de la diversidad cultural de la nación. Por eso el pleno cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar creará la condición legal necesaria para que los pueblos indígenas tomen sus decisiones en cuanto a acceso, uso y disfrute de sus recursos naturales en sus tierras y comunidades, sus formas de organización social y política y sus sistemas normativos internos. Será necesario impulsar una educación que devuelva a los mexicanos el derecho a todas sus expresiones culturales y a la vez sirva para revalorar los saberes, conocimientos tecnológicos, prácticas y formas de apropiación de las culturas indígenas.

2. La paz en Chiapas y en todo México El conflicto armado en Chiapas, desatado el 1 de enero de 1994, se encuentra estancado y sin visos de solución. Desde 1997 el gobierno zedillista optó por el camino de la confrontación, después de rechazar la propuesta de reforma constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación y burlar con ello los Acuerdos de San Andrés. La construcción de la paz en el país se iniciará con el reconocimiento de los compromisos firmados en San Andrés, desmilitarización, el esclarecimiento de la masacre de Acteal, el deslinde y asignación de responsabilidades en éste y otros hechos ominosos que el gobierno actual deja como herencia en un marco generalizado de impunidad. La construcción de la paz en Chiapas se desarrollará con la reanudación inmediata de un proceso de diálogo con el EZLN, que propicie una amplia gama de reformas entre las que destacan, junto a las especificas de los pueblos indígenas, las agrarias, las políticas y aquellas que respondan a las demandas sociales y económicas de su población mayoritaria.

El logro de la paz en Chiapas requiere un programa general de desarrollo comprometido con las necesidades de la población y con la preservación de la naturaleza. Esto abrirá las puertas al logro de la paz en todo el territorio nacional. Las negociaciones con el EZLN deberán marcar la pauta para un proceso más amplio de diálogo y negociación con otros grupos armados. La violencia deberá pasar a ser una pieza de museo en el México del nuevo siglo.

1. Regiones y ciudades integradas en la diversidad El modelo neoliberal acentuó la desigualdad del desarrollo regional y urbano heredado del pasado; existen regiones y ciudades que tienen un dinamismo económico y social importante, mientras otras se hunden en el estancamiento y el atraso. El resultado de estas políticas equivocadas generó un norte industrializado y urbano y un sur- sureste rural y rezagado. Al abandonar su responsabilidad social, el estado mexicano optó por privilegiar la competencia entre regiones y ciudades en términos de rentabilidad capitalista , originando un profundo deterioro de las condiciones humanas y materiales. Integrar mejor a las regiones y ciudades, conservando su diversidad, es una tarea de largo plazo que se necesita iniciar, si queremos preservar la soberanía nacional y la unidad social, para recuperar las bases de un nuevo proceso de desarrollo. Es necesario negociar en los tratados de libre comercio, presentes y futuros, la aceptación de cláusulas preferenciales para las áreas atrasadas y la formación de Fondos Compensatorios de Desarrollo Regional. Asimismo, crear Consejos Regionales de Desarrollo que integren regiones y ciudades dinámicas y estancadas en un esfuerzo común. Por justicia y democracia, las áreas campesinas e indígenas deben recibir atención privilegiada, concertada con sus pobladores. Las metrópolis y las megalópolis requieren de la creación de Consejos Metropolitanos formados por autoridades electas, que dirijan democráticamente la planeación y la gestión coordinada de sus ámbitos territoriales complejos. La creación de un cuarto nivel de gobierno puede ser propuesta al Congreso Constituyente como parte de la Nueva Constitución Federal.

2. La reconstrucción de las ciudades El régimen de partido de Estado en México se cristalizó en la conformación y diseño actual de las ciudades. Devastación arquitectónica y crecimiento caótico de las metrópolis están asociados al contubernio de priistas con los capitales inmobiliarios y financieros especulativos. Convocamos a ganar para la democracia todas las ciudades de México, y a instalar en ellas formas efectivas de participación como el referéndum, el plebiscito, el cabildo abierto y de planeación democrática del desarrollo urbano. Trabajemos para que las ciudades administren suficientes recursos fiscales propios; resolvamos el problema de la regularización de la tenencia de la tierra urbana y actualicemos las leyes federales sobre la vivienda y los organismos del sector; lograr soluciones a la carencia de agua, drenaje, infraestructura y servicios sociales y al manejo de desechos sólidos. Esto es posible, tal y como lo ha demostrado el gobierno democrático del Distrito Federal.

3. La ciudad de México, democrática y sustentable La ciudad de México y las megalópolis en formación en el centro del país, tienen potencial para insertarse ventajosamente en el actual proceso de globalización, aunque su ritmo de crecimiento económico se redujo como resultado de las crisis, las políticas del neoliberalismo y al deterioro de las condiciones sociales que sustentan la productividad urbana. Los problemas del Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México se hacen más agudos debido a la fragmentación de sus instancias de gestión y a la falta de mecanismos de coordinación. El Distrito Federal espera la conclusión de la reforma política que garantice soberanía local e igualdad con el resto de los estados, para proceder a la creación del estado 32, la municipalización de sus delegaciones, la conversión de la Asamblea Legislativa en Congreso Local y la Aprobación de su Constitución. La sustentabilidad ambiental, social y técnica es un objetivo central y un instrumento de desarrollo en la construcción del proyecto futuro para la metrópoli, construido mediante nuevas formas de planeación democrática estratégica y de políticas públicas integrales e integradoras.

4. Infraestructura pública y sistema regulado de transporte El rescate carretero y la bursatilización de los activos del sector transporte, llevado a cabo para pagar las deudas de los empresarios que construyeron obras sin planeación, están castigando al conjunto de la sociedad y a los usuarios. Las altas cuotas de peaje colocan a las autopistas mexicanas como las más caras del mundo; la falta de recursos afecta ahora el mantenimiento de estas. La privatización de los ferrocarriles desmembró el sistema de transporte troncal, creando empresas regionales desconectadas bajo dominio del capital extranjero. La onerosa venta de aeropuertos, tan rentables como el de Cancún, demuestra el poco interés del gobierno en el sector. Realizar un esfuerzo sostenido para tener una infraestructura de transporte satisfactoria y empresas prestadoras de servicios modernas, que deben de enmarcarse en un Plan Nacional de Transporte a desarrollarse en un plazo de 25 años.

Hay que revisar el sistema de cobros de peaje. Se hace necesaria la constitución de una Comisión Reguladora del Transporte, que supervise el desempeño de las empresas concesionadas, sobre todo de los ferrocarriles. Las Administraciones Portuarias Integrales (API's) deben de seguir siendo públicas, donde participen los estados y hasta los municipios. Es preciso revisar las privatizaciones de los aeropuertos, y descartar la del control del tráfico aéreo.

5. Política ecológica integral México desde hace varias décadas vive el deterioro ambiental, se encuentran en el tercer lugar en tasas de deforestación del mundo y con Centroamérica y los Andes forma una de las regiones con mayor afectación de suelos. Contaminación urbana e industrial daña los principales ríos del país, también a lagunas y esteros, en estos últimos se reproducen las especies marinas. La problemática hidráulica del D.F. no tiene solución fácil, la escasez de agua en el futuro de la ciudad será un grave problema. Los desequilibrios ecológicos hacen que determinadas regiones se tornen más vulnerables frente a los fenómenos atípicos como el incremento desusado de lluvias, o como el aumento global de temperaturas que desencadenó en 1998 el mayor número de incendios rurales jamás registrado. La política ecológica debe sustentarse en un marco normativo que lleve esfuerzo institucional coordinado para propiciar la reintegración del dominio del individuo, la familia, las comunidades locales, el municipio, las regiones y la nación, sobre su naturaleza y su territorio, pues todos son titulares del derecho a un medio ambiente sano. En el ámbito rural es necesario proteger la biodiversidad, con políticas que transformen los sistemas productivos depredadores impulsados por la modernización agroindustrial en sistemas agroecológicos. Para ello es necesario revisar la ley agraria desde una perspectiva ecológica, estimular la investigación científica y tecnológica , revalorando los conocimientos y tradiciones indígenas y campesinas y de pescadores en materia de manejo de los recursos naturales.

6. El agua, recurso estratégico para el desarrollo sustentable El sureste del país concentra las dos terceras partes de las aguas nacionales, pero en el norte sufren por las sequías y la falta de caudales hidráulicos. Agricultura, ganadería y concentraciones urbanas dependen de la extracción del agua del subsuelo por medio de aproximadamente 120 mil pozos profundos. Esta práctica originó sobre explotación del recurso en algunas regiones. En el área urbana el agua debe de reusarse y tratarse las aguas para disminuir esta excesiva demanda neta de agua para fines industriales y consumo domestico. El objetivo es alcanzar un consumo nacional promedio de 150 litros por habitante al día, sin desperdicio ni fugas. Alcanzar este objetivo implica el desarrollo de proyectos técnicos para el manejo de agua, asociados a un programa multianual de inversiones que modernice redes e infraestructura de control de flujos. Así como también construir masivamente plantas biológicas de tratamiento de agua. En el ámbito rural hay que rehabilitar pozos, revestir canales, pero fundamentalmente modernizar las técnicas de cultivo pasando a la optimización del riego. De lograrse esto México podría ampliar su extensión agrícola de riego y regresar a la soberanía alimentaría.

1. La soberanía nacional y el desarrollo La desaparición de los bloques socialistas trajo como consecuencia cambios en el orden político internacional, algunas veces muy contradictorios. La democracia como forma de gobierno se universalizo. Pero el peso de los gobiernos de las grandes potencias, las presiones de los organismos financieros internacionales y las gigantescas operaciones de las empresas transnacionales, cambian todo, al grado que reclaman para si el rumbo que cada nación debe seguir en lo que se refiere a decisiones económicas, sociales, políticas, culturales y de todo tipo. La soberanía nacional fue prácticamente barrida por la globalización. Los tres últimos gobiernos federales han cedido importantes porciones de soberanía nacional en lo político y lo económico, apelando a ella sólo para evitar ser llamados a cuentas sobre las graves violaciones de los derechos humanos y para no cumplir con las normas mínimas que garanticen una plena competencia democrática. Estos gobiernos mexicanos realizaron reformas constitucionales para adecuar el marco regulatorio nacional y tomaron decisiones en materia de política económica y sobre el monto del gasto social, ritmo de apertura comercial, privatización de sectores estratégicos y el radio de acción del Estado, entre otras, que estuvieron subordinadas a compromisos con fuerzas políticas extranjeras y/o de agencias económicas transnacionales, en contra de los intereses y de la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Por ello es necesario reafirmar el contenido del artículo 39 constitucional, fortalecer la autonomía del Estado frente a los factores internacionales que limitan su capacidad de corregir y replantear los efectos socialmente indeseables de la globalización. Acciones concretas serían: negociación de plazos y montos de la deuda externa, regulación de la libertad del movimiento del capital especulativo, fijación de la estratégica de aranceles comerciales y mantenimiento del peso como moneda nacional y la celebración de acuerdos, convenios y tratados comerciales que comprometen al Estado mexicano, en cuya celebración debe de participar el Congreso de la Unión.

2. El papel de México en la escena internacional Los acontecimientos ocurridos en el Golfo Pérsico, la ex Yugoslavia y Timor Oriental mostraron que los organismos internacionales vigentes están incapacitados para promover la paz y los derechos humanos sin recurrir a posiciones de fuerza. Esto porque la ONU responde en su estructura a intereses militares y económicos de las naciones más fuertes del planeta, las que ceden ante las presiones de la OTAN que es controlada por los Estados Unidos. La política exterior de México debe de estar orientada a que las relaciones internacionales sean igualitarias, democráticas, y normadas por criterios de autonomía y autodeterminación nacional, con respeto a la soberanía nacional, y buscando en todo momento la solución pacifica de las controversias internacionales. Nuestro país impulsará el fortalecimiento y reorganización de la ONU y de la OEA, así como de otros organismos regionales en diversas materias.

3. La relación con los organismos financieros internacionales La globalización incremento el peso de los organismos internacionales en las decisiones nacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, imponen condicionamientos para el otorgamiento de créditos, los que mantienen postrados a los países subdesarrollados, propiciando el desmantelamiento de sus aparatos productivos, una menor participación social del estado y condiciones difíciles para el pago de los intereses de la deuda externa. Debe iniciarse una intensa ofensiva de negociación con los organismos financieros internacionales . El futuro gobierno democrático propugnará por priorizar el desarrollo interno, buscando consensos con otros países deudores a fin de generar acuerdos internacionales que permitan la disminución de los adeudos, mediante las diversas medidas como la recompra de deuda en el mercado secundario, o su condiciones del crecimiento y, en la última instancia, ponen en riesgo la estabilidad política de los países contratantes de deuda.

4. La comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe Durante varias décadas México estuvo en la vanguardia de la política exterior, en particular como promotor de la unificación de los países de América Latina y el Caribe en torno a objetivos comunes de desarrollo y de políticas culturales. Esto dio un giro en los últimos años por la aptitud subordinada a los intereses transnacionales de los países neoliberales, perdiendo así nuestro país mucha capacidad de iniciativa. México cedió soberanía y concentro sus esfuerzos en asimilarse con los países de Norteamérica. La existencia de los bloques como el de los países europeos nos debe de dar una idea de que México requiere de una verdadera alianza de naciones, porque la alianza lograda con el TLC es extremadamente inequitativa y asimétrica. Se debe retomar la tradición diplomática para lanzar iniciativas que devuelvan a México su papel de liderazgo continental. Asimismo fortalecer la relación histórica de México con Centroamérica y el Caribe, para establecer acuerdos que potencien las características geográficas de la región, convirtiéndolo en un verdadero núcleo del comercio internacional, y tomándolo como un punto de partida para la convocatoria a la creación de una Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe. Asimismo buscar dotar de vida real al Parlamento Latinoamericano.